Reforma Electoral: La Silla Vacía

Columnas martes 13 de enero de 2026 -

Ahora que es inminente la presentación de la iniciativa presidencial de reforma constitucional electoral, sugiero asomarnos a una figura normativa sudamericana que podría ofrecer visos de solución a un problema político electoral de nuestro país.

En los últimos 15 o 20 años, en todo Latinoamérica ha habido reformas electorales y parlamentarias relevantes, en los temas como reelección legislativa, el tamaño y la conformación de las cámaras, la duración de los mandatos, medidas de discriminación positiva (acciones afirmativas), la democracia interna en las organizaciones políticas e inclusive la inmunidad parlamentaria. En México en especial, recientemente se aprobó y promulgó una reforma que prohíbe el nepotismo electoral.

Sin embargo, el asunto de la remoción de personas legisladoras ya en funciones con motivo de la acreditación judicial de su involucramiento en la comisión de cierto tipo de delitos no se ha explorado de manera suficiente ni adecuada. Tan es así, que solo los sistemas electorales y de integración de la representación política nacional de Colombia desde 2009, y Perú desde 2020, cuentan con una figura jurídica.

En ambos casos, “La Silla Vacía” consiste en que el asiento parlamentario de la o el legislador removido queda vacante el resto del periodo de la legislatura, en una suerte de sanción inclusive al partido o coalición postulante que, por falta de cuidado, por omisión en la revisión, se queda sin ese voto en el pleno parlamentario, por no poder llamar a la o al suplente; ni detonar elección extraordinaria, además.

Lo que la figura jurídica implica para las fuerzas políticas es un poderoso disuasivo en materia de postulaciones de personajes inmiscuidos o inmiscuidas en conductas anti jurídicas relevantes, como corrupción o asociación con el crimen organizado y en especial, con los grupos dedicados al narcotráfico.

Naturalmente, la historia política y el entramado institucional e histórico de México es muy distinto a los de Colombia y Perú. Mismo caso con nuestro sistema electoral y el de partidos, así como la arquitectura y conformación de nuestros poderes legislativos, pero frente a una creciente circunstancia de inseguridad por el combate al narcotráfico, al huachicol y en general ante la violencia pronunciada en ciertas zonas del país, obligan a una reflexión seria sobre esta materia,

Como lo comenté en estas mismas páginas en octubre de 2025, solo un partido se ha pronunciado expresamente sobre estos temas. Por ejemplo, propusieron la creación del Subsistema Nacional de Protección Electoral, como herramienta de combate frontal a la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales. Sería un órgano del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con un consejo integrado por el Gabinete de Seguridad, autoridades fiscales, FGR, INE y las y los gobernadores. Además, tanto partidos como autoridades quedarían obligados a revisar antecedentes financieros y penales de aspirantes, precandidaturas, candidaturas, familiares, equipos de campaña, dirigentes de los partidos, entre otras medidas innovadoras.

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