Claudia Bolaños
Comerciantes y empresarios de San Pedro Garza García, Nuevo León, hicieron públicas diversas denuncias por presuntos casos de cobro de piso y extorsión dentro de la Secretaría de Seguridad Pública municipal (SSP).
Las acusaciones dirigidas a diputados federales, al gobernador Samuel García, y la presidenta Claudia Sheinbaum, señalan directamente al secretario José Luis Kuri y al coordinador de Asuntos Internos, Fernando Martínez Huizar. Este último fue mencionado en la denuncia presentada por el empresario restaurantero Julio César Luna, asesinado en abril pasado, luego de denunciar un intento de clausura de su negocio sin fundamento legal.
Las quejas también quedaron registradas en el expediente 27210/2025, el cual se suma a otras denuncias formales interpuestas contra Kuri y algunos de sus colaboradores.
En marzo de este año se difundió una primera acusación que vinculaba a José Luis Kuri con una presunta estructura de cobro de piso conocida como “El Sindicato”, junto con el entonces director de Tránsito, Lorenzo Pruneda de León.
Ante los señalamientos, el gobierno municipal ya negó la existencia de una red de extorsión dentro de la corporación y aseguró que no existían denuncias federales ni estatales en curso. Sin embargo, días después, el entonces alcalde Mauricio Fernández Garza reconoció públicamente que su administración había sido sorprendida por esos hechos y ordenó la destitución de Pruneda de León.
Estos acontecimientos se suman al clima de incertidumbre que vive el municipio tras el fallecimiento del expresidente municipal Mauricio Fernández Garza, ocurrido en septiembre de 2025, y la llegada de su sucesor Mauricio Farah al frente del gobierno.
De acuerdo con fuentes municipales, Fernández mantuvo a José Luis Kuri en el cargo para evitar una crisis institucional, pese a los antecedentes judiciales de Martínez Huizar, quien enfrenta al menos cuatro procesos por abuso de confianza y fraude, además de señalamientos por extorsión y abuso sexual.
Mauricio Fernández Garza, quien ocupó la alcaldía en cuatro periodos, dejó tras su fallecimiento una administración marcada por investigaciones pendientes en materia de seguridad. Medios locales han recordado que su política de “mano dura” derivó en conflictos no resueltos dentro de la corporación municipal.
Aunque las acusaciones aún deben ser corroboradas por las autoridades competentes, las denuncias ya están bajo revisión de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, mientras el gobierno municipal enfrenta cuestionamientos por la actuación de sus mandos en materia de seguridad.