El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) anunció que dejará de otorgar licencias de conducir comerciales a ciertos grupos migrantes, incluyendo beneficiarios del programa DACA, personas asiladas y refugiadas. La medida responde a nuevas disposiciones federales que limitan el acceso a este tipo de permisos, esenciales para operar vehículos destinados al transporte de mercancías o pasajeros.
Según el comunicado oficial, la decisión busca reforzar la seguridad en las carreteras del estado, en cumplimiento con los lineamientos establecidos por el gobierno del presidente Donald Trump. La restricción se suma a una serie de requisitos adicionales, entre ellos la obligación de demostrar dominio del idioma inglés para quienes soliciten o renueven licencias comerciales.
Semanas antes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, instruyó a los agentes estatales del DPS a aplicar revisiones lingüísticas a todos los conductores con licencia comercial. Esta directriz se alinea con una orden ejecutiva firmada en abril, que exige al Departamento de Transporte incorporar pruebas de inglés como parte del proceso de certificación para operadores de vehículos pesados.
La Casa Blanca justificó la medida argumentando que existen dificultades de comunicación entre conductores y autoridades, lo que representa un riesgo para la seguridad pública. No obstante, la Asociación Nacional de Camioneros refutó esta afirmación, señalando que no hay evidencia de un incremento significativo de operadores extranjeros que haya afectado la seguridad vial o desplazado a trabajadores estadounidenses.
El organismo gremial advirtió que los datos utilizados para sustentar estas políticas pueden ser interpretados de forma errónea o manipulados con fines políticos. La decisión del estado de Texas ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos migrantes, que consideran que estas restricciones podrían afectar gravemente a comunidades que dependen del trabajo en el sector del transporte para sostenerse.