El presidente de Argentina, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso y ordenar la expulsión de extranjeros que emitan mensajes de odio contra el país o sus ciudadanos. La medida entró en vigor de manera inmediata, aunque deberá ser revisada y avalada por el Congreso para mantener su validez.
El decreto establece la cancelación de residencia y expulsión para quienes incurran en expresiones de odio, inciten a la violencia o realicen actos de ultraje contra símbolos patrios. También contempla sanciones para quienes promuevan agresiones motivadas por la nacionalidad de ciudadanos argentinos.
Sin embargo, especialistas advirtieron que la normativa carece de definiciones claras sobre qué constituye un discurso de odio y cómo se determinará su aplicación. “El decreto no especifica qué es un discurso de odio ni cómo se va a detectar, lo que abre la puerta a criterios arbitrarios”, señaló Lucía Galoppo, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La falta de precisión, según expertos, podría derivar en un uso discrecional de la ley, ya que no se detallan los mecanismos de identificación ni los parámetros para sancionar a los responsables.
El Congreso argentino será el encargado de revisar el decreto en las próximas semanas, mientras organizaciones civiles mantienen la alerta sobre posibles riesgos a la libertad de expresión y la discrecionalidad en su aplicación.