La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) alertó que México enfrenta un escenario “retador” en materia agroalimentaria debido a la revisión anual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que mantiene en incertidumbre a pequeños y medianos productores. Álvaro López Ríos, secretario general de la organización, señaló que las presiones de Estados Unidos para reducir su déficit comercial agropecuario y endurecer regulaciones generan un ambiente de inestabilidad para el campo mexicano.
El dirigente explicó que el riesgo principal no es la revisión en sí, sino la incertidumbre permanente que provoca el nuevo esquema, ya que la agricultura, la ganadería y la industria alimentaria requieren reglas claras y mercados previsibles para garantizar inversiones de largo plazo. La revisión comenzó el 1 de julio, seis años después de la entrada en vigor del tratado, y aunque México y Canadá buscan fortalecer la integración económica, Estados Unidos rechazó extender automáticamente la vigencia por 16 años.
De acuerdo con la UNTA, esta postura impacta directamente a productores de granos básicos, quienes enfrentan precios deprimidos por la entrada masiva de alimentos extranjeros y dificultades para acceder a financiamiento. La vulnerabilidad se agrava por la caída en la producción nacional de maíz, que arrastra un retroceso desde 2016, mientras el consumo interno sigue aumentando por la demanda de la industria pecuaria y alimentaria.
Datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México revelan que el país importó 19.93 millones de toneladas de granos y oleaginosas entre enero y mayo de 2026, el segundo volumen más alto registrado en ese periodo. Además, el Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera proyectó una reducción del 35% en la superficie sembrada del ciclo primavera-verano en estados clave como Jalisco, Michoacán y Guanajuato, debido a los altos costos y bajos precios pagados al productor.
La UNTA subrayó que la asimetría competitiva se intensifica porque los agricultores mexicanos carecen de subsidios, menores costos logísticos y acceso tecnológico, ventajas que sí poseen los productores estadounidenses. Por ello, demandó al Gobierno federal implementar políticas que garanticen precios rentables y ofrezcan certidumbre frente a la apertura comercial.
A pesar de las tensiones, el T-MEC continuará vigente durante los próximos 10 años, en espera de una solución que reduzca la incertidumbre generada por las revisiones periódicas.