El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, en la última hora, los lineamientos destinados a fiscalizar las actividades de los aspirantes presidenciales y estableció el tope de gastos para los mismos en 34.3 millones de pesos. Estas medidas responden a una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con el propósito de salvaguardar la equidad en la contienda 2023-2024, evitando que las acciones de Morena y sus aliados, así como del frente opositor (PAN, PRI y PRD), afecten el proceso electoral.
Las nuevas reglas, trazadas por el INE, permiten que los legisladores puedan participar como aspirantes, aunque con ciertas restricciones. Los partidos tendrán la obligación de informar y documentar todos los aspectos relacionados con la campaña de sus aspirantes, desde la logística de giras hasta los gastos en propaganda y encuestas.
El límite de gasto para cada aspirante se fijó en 34.3 millones de pesos, considerando las aportaciones de militantes y simpatizantes, con un tope individual de 537 mil 041 pesos. Por otro lado, los futuros precandidatos podrán contribuir con hasta 2.1 millones de pesos a su causa.
Los lineamientos amplían las reglas de contabilización para incluir gastos como la propaganda utilitaria, sueldos de los equipos de aspirantes, rentas, gastos de traslado y hospedaje, propaganda en vía pública, medios de comunicación, salas de cine, internet y redes sociales, entre otros conceptos. La fiscalización se aplicará de manera retroactiva desde el momento en que los partidos emitan las convocatorias para sus procesos internos.
El INE ejercerá la autoridad para ordenar el retiro de propaganda proselitista, como la que se encuentre en espectaculares, pegatinas en vehículos de transporte público y bardas con la imagen de los aspirantes. De no ser retirada, su costo se cargará como gasto de precampaña.
El costo de las encuestas se considerará como parte de las erogaciones ordinarias de los partidos, aun si no fueron contratadas por los contendientes, siempre y cuando hayan obtenido beneficios de propaganda.
Respecto a los servidores públicos, se les permitirá asistir a eventos políticos solo en días inhábiles, sin participar de manera destacada. Sin embargo, los legisladores podrán hacerlo incluso en días y horas hábiles, siempre y cuando no descuiden sus responsabilidades en el Congreso de la Unión.
En un último momento, se propuso modificar el párrafo relacionado con las restricciones para las personas inscritas que también son diputados o senadores. La propuesta adicional destaca que estas personas deberán abstenerse de participar en los procesos políticos de cualquier forma que pueda comprometer la equidad.
Fuentes del Consejo General del INE aclararon que el énfasis en relación con los legisladores se enfoca en evitar el uso de recursos públicos durante su participación en las asambleas de los partidos, así como cualquier acto proselitista.
Tras varias intervenciones y tres rondas de discusión, algunas propuestas, como la presentada por la consejera Carla Humphrey para reducir el tope de gastos de los aspirantes, no fueron aprobadas.