¿Cómo usar los datos para contrarrestar el crimen?

Actualmente los datos y la información son probablemente el activo más valioso dentro del ámbito de seguridad para la toma de decisiones. No obstante, siguen siendo pocas las dependencias en el sector público y privado capaces de generar análisis basado en evidencia para impulsar medidas o políticas preventivas o disuasivas, más que reactivas a los incidentes o delitos que suceden.

No se trata únicamente de responder a posterior, sino de buscar las causas y cambiar las condiciones que permiten la recurrencia de eventos nocivos. Para llegar a ello es necesario responder una serie de preguntas fundamentales ¿Qué tipo de incidentes o delitos se cometen? ¿Quién los realiza? ¿Dónde suceden? ¿Cuándo pasan? ¿Cómo y por qué se llevaron a cabo?

Para responder estos cuestionamientos, es necesario impulsar la figura del analista en seguridad. Se trata de profesionales en el manejo de datos y en la comprensión de incidentes o delitos, pues están provistos de metodologías, técnicas y uso de programas computacionales especializados en áreas cuantitativas, cualitativas, geoespaciales, de evaluación, y de diseño de políticas y operativos.

Ellos deben ser capaces de analizar a profundidad los crímenes a través de la formulación de hipótesis, elaboración de mapas de calor, desarrollo de estadísticas, análisis de delitos estacionales e identificación temprana de modificaciones en los patrones criminales.

A nivel internacional, este tipo de profesionales desempeñan funciones centrales en policías de países como Estados Unidos, Reino Unido o Nueva Zelandia, mientras que en Latinoamérica juegan un papel central en naciones como Chile, Colombia y Argentina. Sin embargo, en México, siguen siendo pocos los departamentos de policías estatales y municipales dedicados a la comprensión de los fenómenos delictivos de manera profesional. Los agentes policiales continúan confiando más en la experiencia o en el “instinto” que en los datos y la evidencia.

En ese sentido, los analistas en seguridad recurren a esquemas teóricos como la “Regla de Pareto” aplicada a la seguridad, según la cual “el 20% de las causas provoca el 80% del efecto”. Si bien no es una regla de aplicación universal, es útil como vehículo para pensar situaciones delictivas en diferentes contextos. A manera de ilustración, en el caso mexicano, en 2020, únicamente el 2.1% de los municipios (56 de los 2,446) concentraron el 50.6% de las víctimas de homicidio doloso de acuerdo con cifras oficiales del gobierno mexicano. Más aún, sólo tres municipios (Tijuana, Juárez y León) concentraron 13.5% de los homicidios a lo largo del país.

Como desarrolla Emmanuel Méndez Rolón (Revista 6 Grados Data, enero 2021), en la comprensión de estos fenómenos delictivos se puede llegar a un grado superlativo, es decir, ubicar no sólo regiones y colonias, sino calles e incluso sitios georreferenciados (bares, callejones, puntos de venta de droga, etc.). Esto complementado con otras técnicas para la identificación de patrones (horarios, cambios estadísticos, modo de operación, perfil de víctima, perfil de victimario, entre otra información clave), permite diseñar acciones hechas a la medida para contrarrestar problemáticas específicas.

En ese sentido, ¿Qué pasaría si se tuviera analistas tratando de comprender el tema del homicidio en los municipios señalados y no dando palos de ciego con estrategias cambiantes cada periodo gubernamental? Lo mismo es aplicable a otros delitos relevantes para para la vida pública del país.

En suma, se trata de impulsar la formación de profesionales que sean capaces no únicamente de teorizar o criticar, sino de proponer soluciones a casos reales. Existen actualmente una gran cantidad de “expertos” y/o “asociaciones civiles” que obtienen recursos económicos y viven de criticar las acciones de los gobiernos en turno, pero que concentran muy pocos esfuerzos en la formulación de propuestas viables para la realidad de las instituciones actuales.