La edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en materia de austeridad con el que pretende obtener 622 mil 556 millones de pesos para enfrentar la crisis económica provocada por el coronavirus.
Es un decálogo de acciones con carácter de “urgente” con el que se pretende beneficiar a 70 por ciento de los hogares mexicanos, en especial a los más pobres.
El primer mandatario señaló que este decreto se enviará como una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados con “carácter de estudio prioritario”.
De acuerdo al documento dado a conocer esta tarde, se establece que se aplican los criterios de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia.
Especifica que no será despedido ningún trabajador, pero no habrá contrataciones, y en el caso de los altos funcionarios, que van desde el subdirector hasta el Presidente de la República se les reducirá en 25 por ciento su salario de manera progresiva.
Se establece que no recibirán aguinaldo ni otra prestación de fin de año, ya que el que obtenga mayores ingresos es el que aportará más
En el decreto no se especifica cuáles son las 10 subsecretarías que desaparecerán.
Se indica que se extiende hasta el 1 de agosto la suspensión de labores con goce de sueldo por la pandemia del coronavirus.
Permanecerán cerradas la mitad de las oficinas excepto las que tengan un trato directo con el público o relacionadas con su bienestar; adicionalmente se termina la renta de edificios, vehículos, bodegas y otros inmuebles para tener ahorros
Se posponen las acciones y el gasto de gobierno con excepción de los programas del bienestar y obras prioritarias como el Tren Maya, Refinería de Dos Bocas, nuevo aeropuerto Felipe Angeles, en total 38 acciones.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dispondrá de los recursos para cumplir con la entrega de las participaciones federales a los estados, el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública.
No podrá utilizar sin autorización recursos de fondos o fideicomisos.
Tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional, y las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.
“Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, económica o de cualquier otra índole, siempre y cuando no se permita la corrupción, se fortalezcan valores y principios como el humanismo y se gobierne para y con el pueblo”, se indica.
El decreto se aplicará a la administración pública federal sin excepción, y estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año.
Al final del documento aparece la firma del primer mandatario, así como las de los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez; y de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.