La Fiscalía General de la República (FGR) defendió este lunes la investigación que mantiene procesado al exgobernador Ernesto Ruffo y a otras siete personas por presunto contrabando de combustible, conocido como “huachicol fiscal”. La institución aseguró que las indagatorias han demostrado la participación de los implicados en operaciones ilícitas y negó que se trate de una persecución política.
En un comunicado, la FGR explicó que el caso se originó tras el hallazgo de 33 ferrotanques en Coahuila, lo que derivó en la ampliación de las investigaciones hacia San Luis Potosí y Nuevo Laredo. Según la dependencia, se identificó una operación logística de gran escala con puntos de recepción, almacenamiento y distribución de hidrocarburos.
La fiscalía señaló que la empresa Ingemar fue la principal importadora en estas operaciones, en la que participaron Ruffo y José Merino. Ambos habrían estado involucrados en actividades de administración, comercio exterior y gestiones ante autoridades aduaneras y fiscales.
“Ernesto ‘N’ no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en conductas delictivas”, puntualizó la FGR en su comunicado, en respuesta a la carta publicada por exmandatarios que acusan persecución contra el político.
La institución reiteró que las pruebas recabadas sustentan la vinculación a proceso de los señalados y que el caso se centra exclusivamente en responsabilidades penales derivadas de operaciones de contrabando de combustible.