Claudia Bolaños
A menos de un año de las elecciones de 2027, Morena planteó crear en la Cámara de Diputados una comisión especial para investigar posibles financiamientos extranjeros, redes digitales coordinadas, bots y campañas de desinformación que pudieran intervenir en los procesos electorales.
La propuesta fue presentada por el vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, y el vocero de Morena, Arturo Ávila Anaya, quienes buscan que la comisión determine quién financia, quién opera, desde dónde y con qué propósito, cuando existan indicios de operaciones digitales dirigidas a alterar la conversación pública.
El planteamiento coloca en el centro de la discusión el uso político de las redes sociales, pero también abre un debate sobre los límites entre investigar una eventual operación extranjera y vigilar contenidos, opiniones o críticas en internet.
Gutiérrez Luna sostuvo que las nuevas tecnologías han abierto vías para intentar manipular el debate público mediante bots, perfiles no auténticos, publicidad digital y redes coordinadas de amplificación. Afirmó que el objetivo es evitar que estructuras digitales o recursos extranjeros pretendan fabricar tendencias o influir en la voluntad ciudadana.
Arturo Ávila aseguró que cualquier revisión deberá realizarse con evidencia, apego a la Constitución y respeto a la libertad de expresión, el periodismo, la opinión política y la crítica.
La iniciativa menciona antecedentes difundidos públicamente sobre posibles operaciones de comunicación e influencia política en distintos países de América Latina, así como señalamientos relacionados con el medio argentino La Derecha Diario, el consultor Fernando Cerimedo y el ciudadano español Javier Negre.
También refiere un audio atribuido a Cerimedo, difundido recientemente, en el que presuntamente habla de campañas contra la presidenta Claudia Sheinbaum y de su relación con Negre. Los propios legisladores reconocieron que estos señalamientos deben ser verificados y que no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad.
La propuesta contempla una comisión plural, temporal y no dictaminadora, que podría convocar a autoridades, especialistas, académicos, organizaciones civiles, plataformas digitales, empresas tecnológicas y medios de comunicación.
Entre sus tareas estarían elaborar un diagnóstico sobre propaganda político-electoral digital, identificar riesgos relacionados con bots y redes coordinadas, así como formular propuestas legislativas para prevenir posibles mecanismos de injerencia en los procesos electorales.
La discusión se perfila como uno de los nuevos frentes del debate electoral rumbo a 2027: cómo detectar operaciones digitales y recursos extranjeros sin que una investigación sobre desinformación termine convirtiéndose en un mecanismo de vigilancia sobre la libertad de exp5resión y la crítica política.