A la Suprema Corte controversia de ley para controlar generación eléctrica

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en calidad de controversia constitucional los puntos a considerar para declarar que el recién anunciado Acuerdo para la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico afecta de “manera grave” la estructura económica del sector.

"El instrumento (el acuerdo) afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia", publicó Cofece en un comunicado.

La nueva normatividad emitida por la Secretaría de Energía (Sener), da al Gobierno federal más poder para decidir que empresas pueden generar electricidad y en qué cantidad, a través de mayor administración del recurso por parte de la CFE, principalmente provenientes de centrales renovables.

La Cofece, dirigida por la comisionada presidente Alejandra Palacios, externó que la nueva política compromete “tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución... como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista”.

Comisión de la que el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, se refirió el pasado 11 de junio, y refirió que si desaparecerla "significa ahorro... estoy de acuerdo".

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, reiteró que la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico “está por encima de cualquier interés económico público o privado”.

En abril, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) ordenó congelar el inicio de operaciones de nuevas plantas de energía renovable argumentando que su intermitencia amenaza la confiabilidad del suministro eléctrico nacional durante la pandemia del coronavirus.

La política de confiabilidad fue publicada por la Sener el 15 de mayo pasado sin pasar por el proceso necesario ante la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer). Bajo la premura de ampliar el uso de centrales eléctricas propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar los permisos para plantas eólicas y solares, así como modificar algunos de los procedimientos llevados a cabo por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Cenace.

El acuerdo compromete el acceso no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución; otorga ventajas en favor de ciertos participantes; sacrifica la eficiencia del sistema eléctrico nacional y establece barreras a la entrada de nuevos participantes al sector, afirma la Cofece.

“Todo lo anterior, a juicio de esta autoridad, incide de manera grave y trascendente en su esfera de actuación, al impedirle promover y proteger la competencia y libre concurrencia en el mercado eléctrico, ya que con la entrada en vigor de la Política dejan de existir los elementos básicos para que este funcione en condiciones de competencia.

“La Cofece considera que la Política es contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia de electricidad, los cuales en conjunto establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad.

“Mediante la presentación de la controversia constitucional, la Cofece solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunciarse sobre los límites que tiene un regulador sectorial frente a los principios constitucionales de competencia cuando emite una disposición que afecta tan gravemente la dinámica competitiva de un mercado, en perjuicio del mandato que corresponde tutelar a la Cofece y del bienestar de los consumidores”, acusa el comunicado.

El pasado 8 de junio el poder judicial falló a favor de 17 empresas de energía renovable al otorgar suspensión temporal contra la Política de confiabilidad de la Secretaría de Energía y el Acuerdo para mantener la confiabilidad de la red durante la pandemia Covid-19 del Cenace.

Las suspensiones se aplican a las medidas presentadas por la Secretaría de Energía en mayo, junto con las que permitieron al Cenace imponer una serie de limitaciones a las pruebas operativas para conectarse a la red de nuevos proyectos solares y eólicos, y le habrían dado el poder de rechazar nuevas solicitudes de estudios de plantas.