AMLO va por reducir costos de penales privados

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El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que su gobierno va a preparar una denuncia para cancelar los contratos con los penales privados sino se llega a un acuerdo para disminuir los costos por manutención en los penales federales construidos durante la administración de Felipe Calderón y Genaro García Luna.

“He dado instrucciones al consejero jurídico para que se actúe en dos vertientes. Que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo, porque consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente”.

De hecho, López Obrador recordó sobre la existencia de una denuncia presentada en la Fiscalía General de la República (FGR) vinculada con la situación de Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos.

“Se va a empezar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos, si no se tiene un arreglo, aquí vamos a estar informando, obviamente aquí hubo abusos de todo tipo, los beneficiarios de estos contratos muy ligados al poder. Me reservo los nombres, pero son empresas muy vinculadas a políticos y esto es lo que ya no queremos que vuelva a ocurrir y es un botón de muestra”, subrayó.

“Y que si tienen voluntad de que haya un arreglo, se debe de lograr un acuerdo en beneficio de la Hacienda Pública. Se va a hablar con cada uno de ellos. Lo siguiente o al mismo tiempo, en paralelo, se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo”, advirtió.

JUGOSO NEGOCIO

El negocio de los penales agregó, es muestra del régimen de corrupción que prevalecía, con actos de gobierno que usaban como negocio para beneficiarse.

“Lo de la privatización de los reclusorios como un ejemplo de las atrocidades que hicieron durante el periodo neoliberal, los negocios del sector privado y del sector público, esa mezcolanza, esa vinculación estrecha entre los negocios privados y los negocios públicos o cómo se hacían los negocios privados al amparo del poder público, como se alimentaban se nutrían los poderes, el poder económico y el poder público con este tipo de negocios”, manifestó.

Los nombres de los responsables por ahora no se darán a conocer, dijo el presidente, sino hasta que se le soliciten vía el Inai.

“Obviamente aquí hubo abusos de todo tipo, los beneficiarios de estos contratos muy vinculados al poder. Me reservo los nombres, a no ser que me lo pida el Inai, pero son empresas muy vinculadas a políticos, mucho muy vinculadas a políticos”, explicó.

Es por ello que hora que son las próximas elecciones, quieren regresar a gobernar, manifestó.

“Para que se sepa por qué no podemos continuar con el antiguo régimen, y por qué quieren regresar quienes cometieron estos atracos estos fraudes al pueblo a la nación”, indicó.

Según las cifras oficiales, de los 22 mil 776 millones ejercidos por Prevención y Readaptación Social en 2020, el 68.3 por ciento de ese presupuesto fue para pagar empresas privadas que es 15 mil 562 millones 904 mil 661 pesos.

En nueve años, el gobierno de México ha pagado un total de 75 mil millones de pesos a estos ocho penales privados de un total de 266 mil 300 millones 554 mil 847 pesos a pagar en 20 años. Hay incluso una deuda de más de 190 mil 638 millones 819 mil 84 pesos que el gobierno federal que terminará de pagar hasta 2032.

Resalta que hay una cláusula que indica que peses a todo lo pagado, los penales serán propiedad del proveedor luego de esa fecha.

“Y la cláusula novena del contrato dice: ‘Los contratos establecen que el inmueble y sus instalaciones, concluida la vigencia, son propiedad del proveedor, no del gobierno o bien podrán ser objetos de un nuevo contrato’, esto es: a los 20 años o 22, en su caso, se termina el contrato y siguen siendo propiedad del particular”, dijo Julio Scherer, consejero Jurídico de la presidencia.

Resala que el contrato otorgado por estos penales fue por adjudicación directa.

Otras de las cláusulas ventajosas son que la responsabilidad en la operación y seguridad de cada centro penitenciario es de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública. “Es decir, la empresa o desarrolladora sólo brindará las condiciones materiales, tecnológicas y algunos servicios auxiliares”.

Y la cláusula tercera dice que los pagos serán realizados por Prevención y Readaptación Social desde la fecha de inicio y hasta la fecha de terminación del contrato. “Esto es: aunque no haya internos, se tiene que pagar el 100 por ciento de pago como si estuviera lleno el reclusorio”.