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Aclara SAT revocación de donatarias autorizadas y asegura apego a la ley; MUCD lamenta el exceso de trámites y cargas administrativas
Nación
Claudia Bolaños
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que la revocación de autorizaciones a donatarias responde al incumplimiento de requisitos legales y se realiza conforme a los procedimientos establecidos en la legislación fiscal.
La autoridad explicó que las donatarias autorizadas son organizaciones civiles o fideicomisos que cuentan con permiso para recibir donativos deducibles del Impuesto sobre la Renta (ISR), lo que permite a los contribuyentes reducir su carga fiscal, siempre que los recursos se destinen a los fines establecidos por la ley.
Indicó que estas organizaciones deben cumplir con obligaciones específicas, entre ellas destinar los recursos a sus objetivos autorizados y acreditar sus actividades conforme a lo dispuesto en la Ley del ISR, bajo supervisión del SAT.
El organismo detalló que en 2025 fueron revocadas 270 donatarias de un padrón superior a 10 mil, luego de no cumplir con los requisitos legales ni subsanar irregularidades dentro del plazo establecido, pese a que se les garantizó el derecho de audiencia conforme al procedimiento correspondiente.
Precisó que algunas de las organizaciones señaladas en medios de comunicación perdieron su autorización por no presentar documentación que acreditara el carácter científico de sus actividades, requisito necesario para su operación bajo ese rubro.
El SAT aclaró que dichas organizaciones pueden solicitar nuevamente la autorización una vez que cumplan con los requisitos establecidos, incluyendo la validación de sus actividades conforme a la normativa vigente en materia de ciencia.
Asimismo, señaló que la lista de donatarias revocadas se publica en el Diario Oficial de la Federación y en su portal institucional, con el fin de brindar certeza a los donantes y garantizar la transparencia en el uso de los recursos.
Y, reiteró su compromiso de fortalecer un sistema tributario transparente, equitativo y que promueva el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de todos los contribuyentes.
Ello luego de que Amnistía Internacional alertó sobre el impacto de leyes que regulan a las organizaciones de la sociedad civil en diversos países de América, al señalar que estas medidas han afectado su funcionamiento y el entorno en el que desarrollan sus actividades.
De acuerdo con el informe “Rompiendo el tejido social: El impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas”, estas normativas incluyen disposiciones relacionadas con registro, financiamiento y rendición de cuentas, aplicadas en países como Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela.
La organización indicó que estas leyes forman parte de una tendencia regional que incide en el espacio cívico, al observarse una proliferación de marcos normativos que imponen restricciones a las organizaciones civiles.
En el caso de México, el informe señala que existen condiciones que han impactado el entorno en el que operan estas organizaciones, particularmente en materia de financiamiento y acceso a recursos.
También advierte que el establecimiento de controles y requisitos puede dificultar la obtención de financiamiento, especialmente de origen internacional, lo que incide en la sostenibilidad de proyectos sociales y de derechos humanos.
Organizaciones civiles advierten sobre acoso burocrático y riesgos para su labor
La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) señaló que en un sistema democrático se debe promover y garantizar la labor de las organizaciones de la sociedad civil, al advertir que el exceso de trámites y cargas administrativas puede obstaculizar su funcionamiento.
Indicó que el acoso burocrático limita la capacidad operativa de estas organizaciones y reduce su impacto en áreas como seguridad, justicia y derechos humanos, donde desempeñan un papel relevante en la atención a víctimas y el fortalecimiento del Estado de derecho.
MUCD subrayó la importancia de generar condiciones que faciliten la participación ciudadana organizada, al considerar que las organizaciones civiles contribuyen a la construcción de políticas públicas, la vigilancia de las autoridades y la promoción de una cultura de legalidad en el país.
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OC/CR
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