Organizaciones de la sociedad civil, colectivos de familiares de personas desaparecidas y especialistas enviaron una propuesta a la Asamblea General de la ONU para que se acuerde un procedimiento de seguimiento a la solicitud del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED), conforme al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El documento, fechado en México el 30 de agosto de 2026, fue presentado como insumo para el diálogo bilateral con el gobierno mexicano y para la discusión en la Tercera Comisión de la Asamblea General, en el marco del procedimiento iniciado por el CED. El caso se enlistó en el punto 71 sobre promoción y protección de los derechos humanos y se prevé que sea analizado en octubre-noviembre de este año.
El 12 de mayo de 2026, el secretario general de la ONU, António Guterres, notificó a los Estados miembros la decisión del CED de activar el artículo 34, al concluir que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas “se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad, mediante ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil”.
Las organizaciones señalaron que en México se registran más de 135 mil personas desaparecidas y más de 72 mil restos humanos pendientes de identificación forense. También denunciaron una deuda del Estado en materia de verdad, justicia y reparación, así como políticas de prevención insuficientes e ineficaces.
El informe destacó que las desapariciones se cometen tanto por particulares y grupos criminales como por autoridades estatales, además de casos con tolerancia o aquiescencia del Estado. Se reportó un 99% de impunidad en las investigaciones y falta de autonomía en las fiscalías, que no indagan la posible colusión de servidores públicos con los perpetradores.
Asimismo, se subrayó que organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coinciden en el diagnóstico sobre la magnitud y gravedad de la crisis, así como en la insuficiencia de las acciones adoptadas por el gobierno mexicano para frenar la violencia y las desapariciones.