Siete activistas antiaborto han sido hallados culpables de delitos relacionados con la obstrucción del acceso a una clínica en los suburbios de Detroit durante el año 2020. La fiscal federal Dawn Ison enfatizó que, aunque los acusados tienen derecho a expresar sus opiniones, no tienen el derecho de impedir que otros ejerzan los derechos que les otorgan las leyes estadounidenses.
Los activistas fueron encontrados culpables de conspiración contra los derechos y de un segundo cargo por bloquear la entrada de una clínica en Sterling Heights, según la acusación. El gobierno indicó que los acusados se sentaron o se pararon frente a la clínica, impidiendo que pacientes y empleados accedieran al lugar. Entre los incidentes reportados, se mencionó que interfirieron con una pareja que acudía a una cita para interrumpir un embarazo, después de que se les informó que el feto de 14 semanas no sobreviviría.
Tras el juicio en un tribunal federal, los siete activistas fueron condenados el martes. Dos de ellos enfrentan cargos adicionales por bloquear el acceso a otra clínica en Saginaw. El juez federal de distrito, Matthew Leitman, ha indicado que revisará en los próximos meses una solicitud para desestimar el cargo de conspiración. Los abogados defensores argumentan que dicho cargo se basa en una ley federal de 1870, originalmente diseñada para prevenir violaciones de derechos por el Ku Klux Klan.
Steve Crampton, uno de los abogados defensores, criticó la estrategia del Departamento de Justicia, afirmando que el cargo adicional no está alineado con la ley actual. “La novedosa estrategia del Departamento de Justicia para infligir el máximo dolor a los pacíficos defensores de la vida agregando un cargo adicional no va acorde con la ley y estamos listos para presentar ese caso”, expresó Crampton.