Alerta en la Costa Caribe: Más de 10 millones de personas en riesgo de quedarse sin electricidad

La Costa Caribe, junto con regiones como Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada), se enfrenta a un grave riesgo de quedarse sin servicio eléctrico debido a un importante retraso en el pago de subsidios por parte del Ministerio de Minas y Energía. Este retraso, que depende de la asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, afecta directamente a las empresas encargadas de suministrar energía en estas zonas.

El Contralor General de la República ha manifestado su preocupación, señalando que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio tienen la responsabilidad de supervisar y garantizar la prestación eficiente de estos servicios. Sin embargo, hasta el momento, no se ha observado ninguna acción por parte de estas autoridades para abordar esta situación crítica.

Ante este panorama, el Contralor ha instado al Gobierno Nacional y a los ministerios y superintendencias involucradas a tomar medidas urgentes. La falta de acción podría provocar un corte en el suministro de energía, afectando a millones de personas y a servicios esenciales como la salud, la educación, el comercio y el suministro de agua potable. "Es necesario que se regularice el giro oportuno de los subsidios de energía para evitar un riesgo sistémico a nivel nacional", advirtió.

Según la Contraloría, la actual crisis es el resultado de varios factores: la falta de pago de los subsidios gubernamentales, los ingresos no recaudados debido a la "opción tarifaria" que congeló las tarifas durante la pandemia, y el incumplimiento de los operadores de red en sus obligaciones con el mercado mayorista de energía. Este conjunto de problemas pone en peligro la continuidad del servicio eléctrico, especialmente en la Costa Caribe, una de las regiones más afectadas.

Finalmente, la Contraloría subrayó que la falta de apropiación de recursos suficientes por parte de las entidades públicas para pagar los servicios públicos domiciliarios es otro factor que agrava esta crisis. La situación exige una respuesta inmediata para evitar un colapso en el suministro de energía que tendría repercusiones devastadoras para las comunidades afectadas.