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Antes que el Plan B presidencia pide a Corte resolver Ley de Comunicación Social

Antes que el Plan B presidencia pide a Corte resolver Ley de Comunicación Social

Nación miércoles 03 de mayo de 2023 -

Claudia Bolaños

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicitó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, resolver las impugnaciones por “orden de prelación y seguridad jurídica”, sobre la constitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social (LGSC).

Dicha ley fue Expedia el 11 de mayo de 2018, y a casi 5 años, las impugnaciones promovidas por senadores, CNDH y Movimiento Ciudadano, siguen sin resolverse.

La LGCS fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), lo cual fue cuestionado por la entonces minoría en la Cámara de Senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el partido Movimiento Ciudadano, al considerar que existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones, según los accionantes, no son acordes con la Constitución federal.

En un comunicado, el gobierno informó que al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la SCJN consideró que la LGCS impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022 (plan B).

"Hasta la fecha, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación en 2018.

"La solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que hace un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión".

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VF/CR

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