El asesinato de tres policías municipales en Culiacán, Sinaloa, ha generado preocupaciones sobre la seguridad de los elementos en activo. Ante esta situación, el ombudsman Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), emitió recomendaciones para fortalecer la protección de los agentes.
A solicitud de la asociación civil "Guerreros Azules de Sinaloa", la CEDH abrió una investigación bajo el expediente CEDH/1/115/2025. Como medida precautoria, Loza Ochoa instó a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a implementar nuevos protocolos, como la asignación de escoltas al término de los turnos y permitir que los oficiales porten sus armas fuera de servicio.
Entre las estrategias sugeridas, se plantea que los policías que atiendan emergencias sean respaldados por al menos dos patrullas con personal suficiente. Asimismo, se recomendó establecer un esquema de traslado seguro a los domicilios de los agentes tras concluir su jornada o, en su defecto, reunirlos en un punto seguro para que el siguiente turno los lleve a sus hogares.
El llamado del ombudsman surge tras el hallazgo de los cuerpos de Ezequiel “N”, Joel Alberto “N” y Petra Emilia “N” el pasado 2 de marzo en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán. Los oficiales habían sido secuestrados dos días antes en la carretera Culiacán-Eldorado, donde realizaban labores de vigilancia a bordo de la patrulla 04040.
Según los reportes, los agentes activaron los botones de pánico al ser interceptados por un grupo armado y solicitaron apoyo. A pesar del despliegue de seguridad, no se logró dar con su paradero hasta que sus cuerpos fueron encontrados con signos de tortura y heridas de bala.
Este caso ha reavivado el debate sobre la vulnerabilidad de los policías en Sinaloa, una entidad marcada por la violencia del crimen organizado, y ha llevado a exigir medidas urgentes para su protección.