Claudia Bolaños
En el Poder Judicial de la Federación (PJF) reconocemos que el sistema de justicia federal
es perfectible y sabemos que, en este punto, la autocrítica es indispensable para mejorar,
afirmó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte), Juan Luis González
Alcántara Carrancá.
Y enfatizó: “el diálogo que estamos dispuestos a entablar para llegar a formular
mejoras estructurales no podría ser otro que el basado en la evidencia y en el fruto de un diagnóstico, basado en información objetiva, como real; en donde se escuche, en donde se
intercambien ideas, se dialogue con los operadores y actores involucrados, éstos son
precisamente los objetivos que guían, sin duda, el ejercicio democrático y cultural que hoy
nos convoca”.
Al inaugurar la décima sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, que se realizó en la ciudad de Puebla.
Al referirse a la reforma sobre el Poder Judicial que impulsa el Poder Ejecutivo Federal, el
ministro manifestó que la defensa de las instituciones del país que con tanto esmero se
han construido, nos emplaza a todas y todos, más allá de colores, ideologías o banderas.
Consideró que la independencia judicial se satisface cuando se juzga desde el derecho, no
desde relaciones de poder, no desde los juegos de intereses o de cualquier concepto ajeno al
mismo.
“De manera que sólo podremos hablar de un Poder Judicial independiente cuando sus resoluciones, cada una de sus resoluciones, atiendan únicamente a las razones que el derecho le proporciona. Ésa es la realidad a la que debemos de aspirar todos los juzgadores”, dijo.
Se contó con la participación de la comisionada Andrea Viviana Pochak, relatora para México y comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien celebró estos Encuentros y dijo que desde, la Comisión, se acompaña en estos
procesos.
“Sabemos de las necesidades que existen en México, como en muchos de los países de la
región, para mejorar la situación de la seguridad y la justicia.
La justicia en nuestros países tiene que rendir cuentas, hay muchos problemas vinculados con la impunidad; muchas
víctimas de violaciones de derechos humanos están años y años esperando que se haga justicia; en muchos casos en nuestros países, la justicia llega tarde o no llega. Estos espacios
para poder conversar qué reforma se necesita para mejorar la justicia y para mejorar la
seguridad, son bienvenidos y cuentan con la CIDH en este proceso”, agregó.
Por su parte, Miguel Ángel Toro Ríos y Valles, decano regional Centro Sur de la Escuela de
Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
comentó que el objetivo de estos Encuentros es trabajar en conjunto para obtener un
diagnóstico plural; complementar los puntos de vista no sólo de expertos, sino también de
miembros de la sociedad civil, ciudadanas y ciudadanos; y generar líneas de acción para las
autoridades identificadas como responsables en los procesos; es decir, no solo diagnosticar
problemas sino también propuestas efectivas y aplicables.
En tanto, el magistrado de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para
Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, Pedro Sánchez Ortega, dijo que el pueblo aclama y reclama justicia, por lo cual, es necesario escuchar opiniones para
construir políticas públicas.
Dijo que se encuentran comprometidos con la población, por lo
que, es relevante escuchar opiniones, voces y aportar ideas que permitan en un tiempo
inmediato, generar el diagnóstico y la política pública que permita mejorar la seguridad y la justicia.
Para esta décima edición se registró la participación de más 250 personas usuarias del sistema, integrantes de la academia y sociedad civil de los estados de Puebla y Tlaxcala, las cuales se distribuyeron en 21 mesas de trabajo.
En el presídium, también estuvieron presentes: el diputado Jorge Luis Velez Pavia del
Congreso de Puebla; el doctor Ulises Sandal Ramos Koprivitza, fiscal en Derechos Humanos
de la Fiscalía General de Puebla; Arturo Madrid Echegaray, subsecretario jurídico de la
Secretaría de Gobernación de Puebla; Miriam Olga Ponce Gómez, abogada general de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Jorge Francisco Rocha Orozco, director
general del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla;
María Luisa Núñez Barojas, fundadora del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla;
Geovanny Pérez López, del Centro de Estudios y Desarrollo Humanista de Tlaxcala A.C.; Pedro
Molina Flores, titular de la Unidad de Desarrollo y Servicio Civil de Carrera de la Procuraduría
General de Justicia de Tlaxcala; y José Carlos León Contreri, director de Estudios Políticos y
Sociales de la Secretaría de Gobierno de Tlaxcala.