Balcón Público

Como regalo de navidad, la Suprema Corte de Justica de la Nación determinó suspender el decreto presidencial por el que se reservaba la información relacionada con las obras prioritarias del gobierno federal

Esta suspensión fue otorgada por el ministro Juan Luis González Alcántara, y solicitada el pasado 9 de diciembre por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

El organismo autónomo alegaba que el poder ejecutivo no tiene facultad para realizar la clasificación de seguridad nacional sin cumplir los requisitos legales

“Es procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto”, detalla el ACUERDO SCJN / 217 /2021

En la controversia constitucional, la Suprema Corte determinó que en tanto se pronuncia sobre el fondo del asunto “es procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto”

Pero el acuerdo no favorece del todo al Inai porque la Suprema Corte negó al Instituto de Transparencia considerar como de seguridad nacional los proyectos de infraestructura del gobierno para que las dependencias de la administración pública entreguen información relacionada con dictámenes, permisos o licencias sobre las megaobras

Es improcedente la medida cautelar solicitada para suspender las acciones que se indican en el acuerdo impugnado en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México.

Con esta suspensión, por lo pronto, el gobierno federal está impedido en reservar la información relacionada con las mega obras el Tren Maya; la refinería de Dos Bocas, Tabasco; Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el corredor Interoceánico del istmo de Tehuantepec y se mantendrá así hasta que la Suprema Corte determine si el decreto presidencial es inconstitucional

VENTANAL

La consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño ya dijo que se continúa con el diálogo con el Congreso y el Gobierno capitalinos para lograr una ampliación de 76 millones de pesos para entregar las prerrogativas a los partidos políticos que corresponden a noviembre y diciembre.

"Que se nos entreguen los recursos por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, y en segundo lugar el Instituto, de manera inmediata, entregue los recursos para el pago de las prerrogativas, entonces es importante comentar que esto porque nos da cuenta, que los legisladores, el Congreso de esta Ciudad, tiene claridad respecto a cuál sería la ruta, para que nosotros pudiéramos solventar esta obligación que carecemos de los recursos", ha declarado Avendaño.