Una propuesta presentada en el Congreso de la Ciudad de México busca transformar el programa Universitarios en Movimiento en un derecho constitucional y permanente. Esta iniciativa pretende asegurar transporte gratuito para estudiantes y sectores vulnerables, eliminando la dependencia de decisiones gubernamentales o cambios de administración.
La modificación propuesta incluye reformas al artículo 8 de la Constitución local y al artículo 7 de la Ley de Educación, con el objetivo de que el acceso al transporte público sea un derecho transexenal. Este beneficio estaría dirigido no solo a estudiantes universitarios, sino también a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, quienes enfrentan serias dificultades económicas para desplazarse.
Según la Encuesta Origen-Destino de 2017, el 72% de los viajes en la capital están relacionados con la educación, lo que representa más de seis millones de trayectos diarios. Esta cifra subraya la necesidad de garantizar un sistema de transporte público accesible, especialmente para aquellos cuya movilidad depende directamente de su situación económica.
El alto costo del transporte es un desafío para muchos estudiantes, en particular para quienes viven en zonas periféricas o fuera de la ciudad. Por ejemplo, un joven que viaja desde el Estado de México puede gastar hasta 600 pesos al mes en pasajes, lo que representa una carga significativa para las familias.
La legisladora Patricia Urriza Arellano, de la Bancada Naranja, es la impulsora de esta iniciativa. Subrayó que la movilidad gratuita y segura es esencial para garantizar otros derechos fundamentales como la educación, la salud y el trabajo.
De aprobarse esta propuesta, el transporte gratuito se consolidaría como un pilar para eliminar barreras económicas, permitiendo a estudiantes y sectores vulnerables acceder a oportunidades educativas y sociales sin restricciones derivadas de su situación financiera o política.