Buscan regular el trabajo de mujeres en las cárceles

Lucero.mendez@contrareplica.mx

En México, todas las mujeres tienen una historia de violencia de algún tipo, pero en el sistema nacional penitenciario ser mujer te expone constantemente a más peligros y muchas más injusticias, lamenta Daniela Ancira, cofundadora y directora de la empresa social La Cana, quien presentará el próximo jueves 12 en el Senado una iniciativa de reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal para que las reclusas tengan derecho al trabajo remunerado dentro de las cárceles y así se reduzcan los índices de reincidencia delictiva.

La propuesta, que cuenta con el respaldo del programa de políticas públicas que impulsa el British Council, así como con el de la senadora Indira Kempis (MC), Nestora Salgado (Morena), Verónica Carmino (PVEM), Ricardo Monreal (Morena) e Isrrael Zamora (PVEM), busca regular el trabajo penitenciario, que se establezca un salario mínimo y se vigile que sea entregado, que haya una jornada establecida, mecanismos de transparencia para evitar abusos y que internas e internos puedan saber cuánto dinero tienen en su cuenta, así como eliminar el uso de efectivo en prisión para evitar la corrupción y sobornos.

La gestación de la iniciativa data desde que Daniela Ancira era estudiante de Derecho y como parte de sus actividades académicas brindó asesorías jurídicas en el Penal de Barrientos, en el Estado de México, ahí se dio cuenta de la situación de las reclusas.

“Las mujeres suelen recibir condenas más altas por los mismos delitos que los hombres y además del castigo legal está la sentencia de no cumplir con el rol de ‘cómo debe ser’ una mujer. Ellas son abandonadas por su familia, al entrar a prisión no reciben ni el 1% de visitas en comparación con los reclusos hombres”, relata en entrevista para ContraRéplica.

Además, al notar que todo tenía un precio en la cárcel, desde la comida hasta el agua, y que no todas las mujeres contaban con recursos o familiares que las apoyaran económicamente, decidió fundar La Cana, proyecto mediante el que capacita a internas en técnicas de tejido, bordado, costura, macramé y tramado textil. Actividades que eligieron porque se pueden adaptar a los consejos de seguridad de las cárceles, no implican maquinaria y fungen como una ocupación terapéutica y de meditación.

Actualmente trabajan con 130 mujeres privadas de la libertad. Los productos que hacen son vendidos en Amazon, Liverpool, cuentan con un quiosco en el Centro Santa Fe o bien en su tienda en línea lacana.mx y tienen convenido con 10 empresas que maquilan lencería y ropa para brindar más empleos.

También dan talleres de salud mental, arte y cultura. La dinámica se ha replicado en cuatro centros penitenciarios: Barrientos, Nezahualcóyotl Sur, Ecatepec, en el Estado de México y el de Santa Martha Acatitla, en la CDMX.

Para Ancira, que se regulen estas fuentes de empleo no solo las beneficiaría a ellas, también a sus familias y considera que mediante el trabajo que se les da se pueden reducir los niveles de reincidencia, que, señala, rondan el 25 por ciento y en el norte del país y la CDMX pueden alcanzar hasta 50 o 60 por ciento.

Debido a que las mujeres son una población penitenciaria menor, la mayoría de talleres, actividades o cursos educativos son dirigidos a hombres, lamenta la también emprendedora social.

De acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta 2010 había alrededor de 223 mil 140 internos en el país, de los que 4.57 por ciento correspondía a la población femenil, unas 10 mil 204 reclusas.

“Hay pocas cárceles que están construidas con perspectiva de género, tenemos que recordar que las mujeres tienen hijos dentro de prisión, más del 85 por ciento son mamás y muchas no tiene ni siquiera un lugar donde puedan convivir con sus hijos, se quedan en sus celdas con otras 6 personas más”, comenta.

El sistema nacional penitenciario cuenta con un total de 428 centros, de los cuales solo 10 son femeniles. Además, de acuerdo con la CNDH, del total de mujeres que están en prision, solo 3 mil 41 se encuentran en centros femeniles, el resto, 7 mil 163, están en centros mixtos o para varones.

Para Ancira, esa situación pone en más riesgo a las mujeres por los abusos y violencias de lo que pueden ser víctimas.

Tan solo en febrero pasado la CNDH reveló el caso de una mujer a la que en 2018 recluyeron por casi un mes en la Cárcel Distrital Varonil de Calera de Víctor Rosales, en Zacatecas, donde fue violada, abusada sexualmente y torturada. El incidente aún se investiga.