Activistas animalistas y representantes de Movimiento Ciudadano anunciaron que un juzgado federal otorgó una suspensión provisional dentro del amparo promovido para ampliar los derechos de cerca de mil perros y gatos que habitan en el Refugio Franciscano, actualmente bajo custodia del Gobierno de la Ciudad de México.
La diputada federal Laura Ballesteros explicó que el recurso legal busca reforzar la protección jurídica de los animales y obligar a las autoridades responsables a rendir informes periódicos sobre su estado de salud, alimentación, cuidados y condiciones de resguardo. Señaló que, aunque el gobierno capitalino ha implementado medidas desde que asumió la custodia, fue necesario acudir a los tribunales para garantizar un marco legal más sólido.
La senadora suplente Julieta Macías Rábago detalló que la suspensión provisional protege específicamente las peticiones relacionadas con bienestar animal y obliga a las autoridades a entregar reportes constantes sobre la atención brindada. Sin embargo, aún está pendiente que el juzgado resuelva la suspensión definitiva, especialmente en lo relativo a protocolos de adopción y la creación de un portal de transparencia con los expedientes de salud de los animales.
Los promoventes lamentaron que, debido a procesos legales en curso, varios perros —incluidos ejemplares entrenados como olfativos— no puedan ser dados en adopción pese a encontrarse en condiciones óptimas. Ballesteros subrayó que insistirán en que la adopción y la transparencia sean parte de la resolución definitiva.
El abogado Edmundo Cruz Cotero enmarcó el caso dentro de una problemática nacional y reiteró la necesidad de contar con una Ley General de Bienestar Animal que garantice los derechos de animales domésticos, de granja y en cautiverio.