La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reforma a la Ley Minera que establece que el litio será un recurso estratégico cuya exploración y explotación quedará exclusivamente en manos del Estado mexicano, al declarar constitucionales los cambios impulsados en 2022.
El máximo tribunal desechó las impugnaciones promovidas por legisladores de oposición y confirmó que el litio es patrimonio de la nación, por lo que no se podrán otorgar concesiones, contratos ni permisos a empresas privadas para su aprovechamiento.
Asimismo, la Corte determinó que las modificaciones legales están respaldadas por la reforma constitucional de 2024, que incorporó al litio como área estratégica, lo que refuerza la rectoría del Estado sobre este mineral.
La resolución también establece que las zonas con yacimientos de litio serán consideradas reservas mineras bajo control estatal, y que un organismo público será el encargado de su administración y aprovechamiento.
En la discusión, los ministros concluyeron que no era necesaria una consulta previa a comunidades indígenas, al considerar que la reforma no genera una afectación directa a estos grupos.
Con este fallo, queda firme el modelo que reserva al Estado toda la cadena de valor del litio —desde su exploración hasta su aprovechamiento— en un contexto global donde este recurso es clave para la industria tecnológica y energética.