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Denuncia: Coppel y Banco Azteca acosan a deudores

Denuncia: Coppel y Banco Azteca acosan a deudores

Nación miércoles 29 de julio de 2020 - 01:16

Por Luis Carlos Rodríguez G.
luis.rodriguez@contrareplica.mx
En plena pandemia y cuando casi todos los bancos tienen programas de apoyo a clientes que quedaron en el desempleo, Banco Azteca, Elektra y Coppel recurren por medio de despachos de abogados a las amenazas como romper chapas de domicilios, cateos, arrestos, embargos y uso de la fuerza, además de usurpar funciones de jueces con documentos intimidatorios para una cobranza extrajudicial.
Son cientos de casos en la Ciudad de México y decenas de miles en el país en donde en plena pandemia los abogados-cobradores se apersonan en los domicilios de deudores de estos bancos y tiendas con documentos de bufetes como GCI Despacho Jurídico Especializado en Recuperación de Cartera Vía Legal y Asuntos Penales.
“El modus operandi de estos despachos es llegar al domicilio en grupos de tres o cuatro personas o abogados para amenazar a los clientes para que paguen sus adeudos, pegan oficios en las puertas o entradas de los edificios para que todos los vecinos se enteren y en los documentos advierten de embargos, incluso arrestos como si fueran jueces o policías. Es una cobranza extrajudicial e ilegal”.
Dijo a ContraRéplica el abogado y especialista derecho civil y mercantil, Reynaldo Ortiz Millán, quien expuso que en su caso en los últimos dos meses ha atendido una decena de casos de clientes de Banco Azteca, Elektra y Coppel, quienes fueron hostigados por este tipo de despachos que actúan de forma ilegal y usurpando funciones de jueces.
“No pueden amenazar como lo hacen estas tiendas y bancos diciendo que van a llevar un cerrajero para romper tus chapas y puertas, van a embargar tus muebles y aparatos electrónicos y además te van a arrestar hasta por 72 horas”, apuntó.
Un documento en poder de ContraRéplica enviados por el citado despacho a una cliente en Villa Coapa con la caratula “citatorio urgente” se advierte que si no se paga la deuda en 48 horas se realizará un embargo en presencia de un actuario y un cerrajero, además de que se llevarán los automóviles y computadoras que se encuentren.
Además, señalan que el cliente deberá pagar 7 mil pesos de gastos del “cateo” y como medida de “apremio” para que se pague la deuda a Banco Azteca se arrestará por 72 horas al deudor, ello de acuerdo a la notificación del “licenciado Eduardo García Puentes” de dicho despacho.
“Estos bancos y tiendas al contratar los despachos de cobranza, todos incurren en el delito de usurpación de funciones públicas que está contemplado en el Código Penal. Ello, porque están mandando citatorios, requerimientos que debe emitir un juez y no pueden amenazar con embargos, allanamientos de morada e incluso con arrestos, como si fueran policías”, dijo Ortiz Millán.
Expuso que el Tribunal Superior de Justicia dé la Ciudad de México así cómo los Juzgados Civiles éstos permanecen cerrados desdé el 18 dé marzo, pero los despachos actúan como si trajeran una orden de un juez.
“Es lamentable la forma en que actúan estos negocios en plena pandemia, cuando miles de personas están en el desempleo. Incluso varios de los casos que me ha tocado atender son de jubilados que están enfermos, que no pueden salir a pagar su mensualidad a Elektra o Coppel y que son amenazados incluso con desalojarlos de sus viviendas. Es una forma de violencia, de intimidación muy grave”, apuntó.
De acuerdo con el artículo el 248 Bis al Código Penal Federal, la cobranza extrajudicial fue tipificada como delito penal y federal, con lo que quien lo realice debe pagar multas entre los 50 mil a los 300 mil pesos o recibir una sanción de dos a cuatro años de prisión.Según la Condusef, los despachos de cobranza no pueden amenazar, intimidar u ofender al deudor o a su familia; ni tampoco presentarse a nombre de instituciones públicas, ni hacer las negociaciones de los créditos, préstamos o financiamientos en un domicilio o teléfono distinto al indicado por el deudor o la entidad financiera.Tienen prohibido enviar cartas que parezcan órdenes judiciales donde amenacen con embargar la casa del deudor.

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JG/CR

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