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Desalojo en Azcapotzalco reaviva críticas contra Fiscalía Ambiental por presuntos aseguramientos sin orden judicial

Ciudades lunes 03 de agosto de 2026 -

El aseguramiento del edificio ubicado en Cairo 266, en la colonia El Recreo de la alcaldía Azcapotzalco, desató una nueva controversia sobre la actuación de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (Fidampu), luego de que decenas de habitantes denunciaran haber sido desalojados sin previo aviso y sin conocimiento de una orden judicial.

El operativo se realizó el pasado 16 de julio, cuando agentes de la Policía de Investigación tomaron control del inmueble como parte de una carpeta de investigación por presunto despojo. La acción derivó en la salida de familias que habitaban el edificio, muchas de las cuales aseguran que no recibieron información suficiente sobre el procedimiento ni tiempo para retirar sus pertenencias.

De acuerdo con testimonios de residentes, el aseguramiento ocurrió durante la noche y estuvo acompañado por un despliegue policial que obligó a los ocupantes a abandonar sus viviendas de manera inmediata. Algunos denunciaron que documentos personales, mascotas y objetos de valor permanecieron dentro del inmueble una vez que fue clausurado por las autoridades.

El caso cobra relevancia porque el predio había sido incorporado en 2023 a un proceso de utilidad pública promovido por el entonces jefe de Gobierno, Martí Batres, con el objetivo de desarrollar vivienda social. Sin embargo, el procedimiento de expropiación no concluyó, dejando al inmueble en una situación jurídica compleja que posteriormente derivó en disputas por la posesión del espacio.

Vecinos afectados sostienen que parte de los habitantes llevaba décadas viviendo en el lugar y que incluso existían acuerdos relacionados con programas de sustitución de vivienda impulsados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI). Por ello, consideran que el operativo dejó en incertidumbre a personas que esperaban ser contempladas dentro del proyecto habitacional.

Según los residentes, la denuncia que originó la carpeta de investigación habría sido promovida por una persona ajena a los grupos que históricamente mantenían disputas sobre la propiedad del inmueble, situación que ha generado cuestionamientos sobre los criterios utilizados para ejecutar el aseguramiento.

La actuación de la Fiscalía Ambiental también ha despertado críticas por presuntos antecedentes similares en otros inmuebles de la capital, donde procesos relacionados con despojo y regularización de predios han terminado con aseguramientos administrativos que pueden derivar en la salida de ocupantes sin una resolución judicial definitiva.

El caso de Cairo 266 ha sido comparado con otros conflictos inmobiliarios como el registrado en Cuba 11, en el Centro Histórico, donde habitantes desalojados continúan reclamando el reconocimiento de sus derechos de posesión y exigiendo soluciones habitacionales definitivas.

Por su parte, autoridades del Gobierno de la Ciudad de México señalaron que este tipo de operativos son ejecutados directamente por la Fiscalía y no forman parte de decisiones administrativas del Poder Ejecutivo local. No obstante, indicaron que las personas que acrediten su legítima ocupación podrían ser consideradas para apoyos temporales o programas de vivienda social.

Mientras continúan las investigaciones y los procedimientos legales relacionados con el inmueble, las familias afectadas demandan claridad sobre el futuro del predio, la recuperación de sus pertenencias y garantías para no quedar excluidas de los proyectos de vivienda originalmente planteados para el lugar.