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Diputados aprueban por unanimidad endurecer penas por tala ilegal y delitos ambientales
Nación
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas para fortalecer las sanciones contra la tala ilegal, la deforestación y otros delitos ambientales, en la primera actualización legislativa sobre esta materia en más de 30 años.
El dictamen, respaldado con 460 votos, incorpora agravantes a los delitos de ocupación, invasión o cambio de uso de suelo en terrenos forestales, en especial dentro de áreas naturales protegidas, así como sanciones para quienes falsifiquen información relacionada con certificaciones ambientales. También se avaló aumentar penas de hasta cinco años de prisión para quienes provoquen la muerte de ejemplares de fauna en peligro de extinción, amenazada o bajo protección especial, especialmente dentro de zonas protegidas.
La propuesta fue enviada al Senado para continuar su proceso legislativo.
Durante el debate, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, destacó que la tala ilegal y la degradación ambiental representan un riesgo grave para el país, al recordar que en 2020 se registraron cerca de 130 mil hectáreas taladas ilegalmente. Señaló que México ha incumplido compromisos internacionales adquiridos desde 1991 con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, lo que generó sanciones y la necesidad de ajustar el marco penal para evitar que los responsables evadan la cárcel. Subrayó además el impacto en especies como la vaquita marina y la mariposa monarca, cuyos hábitats se ven cada vez más reducidos.
Monreal recordó que décadas atrás las propias políticas públicas promovieron el desmonte de bosques para uso agrícola, lo que derivó en la pérdida de suelos y la desertificación de amplias zonas. Afirmó que la reforma busca corregir esa tendencia y atender las exigencias ambientales de las nuevas generaciones.
El legislador agradeció el respaldo de los coordinadores parlamentarios José Elías Lixa, Reginaldo Sandoval, Carlos Puente y Rubén Moreira, quienes suscribieron la reserva conjunta que endureció el dictamen inicial.
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OC/CR
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