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Diputados aprueban por unanimidad la nueva Ley General contra la Extorsión; PAN reclama autoría de la iniciativa
Nación
La Cámara de Diputados aprobó este martes, con 456 votos a favor, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una iniciativa que busca fortalecer el combate a uno de los crímenes que más afecta a las familias y al sector productivo del país. La norma contempla que el delito de extorsión sea perseguido de oficio y que exista una coordinación directa entre autoridades federales y locales para atender los casos.
Durante la discusión en el pleno, la vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna Ayala, aclaró que su bancada fue la primera en presentar una propuesta sobre el tema. “Por fortuna la presidenta la retomó, porque en esta Cámara nada prospera si no viene del Ejecutivo”, señaló. Recordó además el reciente asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán, como ejemplo del riesgo que enfrentan quienes se atreven a denunciar. “Ese crimen confirma que denunciar en México te puede costar la vida”, enfatizó.
La panista sostuvo que el Estado ha fallado cuando las familias deben pagar para vivir o los comercios para operar. “Cuando un negocio paga por abrir, el gobierno ha claudicado”, expresó al refrendar su apoyo al dictamen.
Por su parte, Jessica Saiden, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y diputada de Morena, defendió que la nueva legislación responde a un reclamo social urgente. Subrayó que más del 96% de las víctimas de extorsión no denuncia, lo que evidencia un nivel crítico de impunidad. Además, anunció que se fortalecerán las policías estatales y fiscalías locales mediante capacitación y recursos tecnológicos, así como una coordinación efectiva con la Federación.
Saiden agregó que ya se han realizado más de 400 detenciones de presuntos extorsionadores gracias al trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno, lo que demuestra que la estrategia “no se queda en el papel, sino que ya está en marcha”.
En contraste, el diputado Arturo Yáñez Cuéllar, del PRI, advirtió que la ley “llega tarde, sin recursos y con inconsistencias jurídicas”, aunque reconoció que la intención de frenar el cobro de piso y proteger a las familias es positiva.
Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Patricia Flores Elizondo exigió que la norma no se convierta en un acto de simulación. “Debe ser un parteaguas real para que el Estado enfrente a la delincuencia organizada y deje de esconderse detrás de los abrazos”, dijo. También llamó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a garantizar la aplicación efectiva de la ley, señalando que miles de llamadas de extorsión provienen de los centros penitenciarios que deberían estar bajo control del gobierno.
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JM/CR
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