Con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados madrugaron a la oposición y aprobaron en el pleno una iniciativa alterna a la del presidente Andrés Manuel López Obrador que reforma la Ley Minera y otros ordenamientos.
Esta serie de reformas pretende que el Estado recupere el control sobre los recursos minerales e hídricos que están en el subsuelo del país. Además, contempla una mayor regulación en la entrega, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para minería.
Uno de los puntos más destacados de este paquete de modificaciones es que no se otorgarán permisos a mineras en Áreas Naturales Protegidas. Además, incluyó medidas para resguardar los derechos de los pueblos indígenas, pues deberán ser consultados de manera previa al otorgamiento de cualquier licencia. El costo de las consultas deberá ser cubierto por la persona física o moral que la solicite.
En este sentido, también se incluyó una disposición que establece que a las comunidades ubicadas en zonas mineras se les deberá pagar una contraprestación de al menos 5% de las utilidades obtenidas por la actividad realizada.
Asimismo, la propuesta reduce de 50 a 30 años la vigencia de las concesiones mineras, con la posibilidad de prorrogarlas 25 años más y al término de ese plazo, en caso de participar en la nueva licitación del mismo lote, el titular tendría preferencia para otros 25 años improrrogables.
Así, la duración total de la concesión podría alcanzar 80 años y no los cien que prevé la actual legislación.
Además, avaló que se dé oportunidad a las compañías de remediar los daños en un periodo de tres meses, “con el apercibimiento de que, de no hacerlo”, la concesión se suspenderá seis meses para la reparación del daño, y en caso de que no, se cancelaría.
También, elimina la suspensión del derecho de obra si las empresas no cuentan en cada mina con un ingeniero responsable de seguridad.
La nueva iniciativa se presentó primero a consideración de la Cámara Minera de México (Camimex), en una reunión con López Hernández, donde se explicó que el documento tenía como origen el acuerdo con la industria minera.
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