Discuten diputados ley contra factureros

El pleno de la Cámara de Diputados arrancó la discusión del dictamen para considerar cualquier daño al fisco federal como una amenaza a la seguridad nacional, y aplicar prisión preventiva oficiosa y castigar como delincuencia organizada la compra y venta de facturas falsas y la operación de empresas fantasma, cuando el monto rebase los 7.8 millones de pesos.

Previo a la sesión, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carillo, aseguró que con esta iniciativa el Gobierno “recuperará la autoridad fiscal” al hacer que todos paguen impuestos, y al terminar con el “huachicol fiscal” impactará favorablemente en los ingresos del Estado para el siguiente año.

El dictamen reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal.

“Casi 500 mil millones de pesos es el estimado con lo que están defraudando al fisco por esta vía, hay que decirlo, es incluso un negocio tan rentable como el narcotráfico. De ese tamaño son los grupos y las redes creadas”, dijo Mario Delgado.

Descartó que la iniciativa esté propiciando “terrorismo fiscal” como acusaron empresarios y la oposición política, y violando derechos de la Constitución, aunque no descartó que una vez entrada en vigor se presenten amparos contra la misma.

En la tribuna, el diputado por el PRI, Pedro Pablo Treviño Villarreal, señaló que su partido están a favor de dotar a la autoridad fiscal de herramientas eficaces y mejorar la recaudación de impuestos.

Sin embargo, consideró que esta reforma atenta contra el debido proceso al aplicar los supuestos del artículo 19 constitucional a los contribuyentes que usen facturas falsas.

“El PRI se opone a la reforma porque considera a los inversionistas como delincuentes potenciales y llevará a la economía mexicana al desplome”, dijo.

A su vez, la diputada por el PAN, Pilar Ortega Martínez, señaló que bajo la premisa de combatir la defraudación fiscal no se reparó en que esta reforma vulnera los derechos humanos y presenta inconsistencias jurídicas.

Subrayó que su Grupo Parlamentario no acompañará este desmantelamiento del Estado de derecho, “compartimos la visión de combatir estas conductas, pero no de esta manera”, afirmó.

Redacción ContraRéplica

Foto Cuartoscuro