Dos manifestantes heridos tras desalojo de planta de gas en Perú

La expulsión de los manifestantes del campamento gasífero de Camisea, en la localidad de Kepashiato, ocurrió poco después de las 10:00 horas (GMT) y dejó dos civiles "policontusos", según un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que tiene a su cargo la seguridad en la zona por el estado de emergencia vigente.

"Queda absolutamente descartado que existan heridos por armas de fuego", agregó el comando militar, en respuesta a versiones difundidas en las redes sociales.

La vicepresidenta Dina Boluarte asumió el 7 de diciembre la presidencia peruana, luego de que el Congreso destituyó a Pedro Castillo por "quebrar el orden institucional" tras anunciar la disolución del Parlamento, la intervención del sistema judicial y un gobierno por decreto hasta convocar a una Asamblea Constituyente. Sin éxito.

A su vez, la planta de gas permanecía tomada desde el 13 de diciembre por un centenar de manifestantes, lo que paralizó sus operaciones.

El gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente, reclamó a los manifestantes por ocupar a la fuerza el local de una empresa privada, pero también exigió a los uniformados respetar los derechos humanos. Al menos 22 personas han muerto en medio de las protesas que exigen la renuncia de Boluarte y elecciones inmediatas tras el fallido autogolpe del presidente izquierdista Pedro Castillo.

"En referencia a la incursión en la Planta de Bombeo de Camisea - Kepashiato. Exigimos respeto de los derechos humanos; así como el respeto de estos activos estratégicos para el país: El Gobierno tiene que dialogar con la Provincia de La Convención. !!Ni una sola muerte más!!", tuiteó el gobernador.

La recuperación de la planta permitirá al consorcio de Camisea reiniciar actividades y retomar sus exportaciones de gas, señaló Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, citado por el diario La República.

Castillo, líder sindical y maestro rural de 53 años, en el poder desde 2021 y ajeno a las élites, era investigado por la fiscalía por corrupción al momento de su frustrada intentona. Ahora cumple 18 meses de prisión preventiva por el delito de rebelión en flagrancia. Su esposa y dos hijos están asilados en México.