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El Congreso del Estado aprueba reforma constitucional para garantizar vivienda digna
Nación
La reforma establece mecanismos para facilitar el acceso a viviendas asequibles para trabajadores y jóvenes, según el diputado Carlos Arreola.
El Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de San Luis Potosí ha aprobado por unanimidad la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma la fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Esta modificación busca garantizar a las trabajadoras y los trabajadores el acceso a una vivienda digna y asequible, marcando un hito importante en la política habitacional del país.
Durante la sesión, los legisladores destacaron la importancia humanista de esta reforma, que ha sido impulsada por la Comisión de Puntos Constitucionales. El diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, presidente de dicha comisión, subrayó que la reforma reconoce el derecho a la vivienda digna, creando un fondo que beneficiará a aquellos que no tienen la posibilidad de adquirir un hogar propio.
El objetivo es la construcción de más de un millón de viviendas en México, priorizando el bienestar social sobre el lucro. Según Arreola, "la inversión pública se orientará a que la vivienda social tenga precios accesibles y se ofrezcan créditos favorables para los trabajadores, así como opciones de arrendamiento que no excedan el 30% de su salario". Este enfoque busca que lo pagado en arrendamiento se considere un abono para la futura compra de la vivienda.
La reforma también se enfoca en fomentar la inclusión, utilizando un lenguaje que elimine estereotipos de género. Por ello, se sustituye la terminología "trabajadores" por "personas trabajadoras", garantizando que todos los individuos tengan la oportunidad de acceder a una vivienda adecuada.
Además, se establece que las mensualidades del arrendamiento social no podrán exceder del 30% del salario, priorizando a quienes han contribuido al fondo y no poseen vivienda propia. La legislación incluirá mecanismos para prevenir prácticas discriminatorias que limiten el acceso a estos derechos.
Por último, la reforma proporciona un marco normativo para la gestión de viviendas abandonadas, permitiendo su recuperación y arrendamiento. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días para ajustar la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y establecer programas que mejoren la eficiencia operativa del Instituto, reduciendo costos y asegurando una orientación social efectiva en su gestión.
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JM/CR
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