El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas condiciones para disminuir los aranceles al acero y aluminio provenientes de México y Canadá, pasando del 50 al 25 por ciento, pero únicamente para empresas que acrediten compromisos productivos dentro de su territorio.
De acuerdo con el esquema, el beneficio aplica a proveedores de vehículos medianos y pesados, mientras que los fabricantes de autos ligeros quedan excluidos. Para acceder al descuento, las compañías deberán cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), realizar procesos de fundición en la región y demostrar vínculos con la industria automotriz estadounidense.
Especialistas advierten que esta medida funciona como un mecanismo de política industrial más que como una concesión comercial, ya que busca atraer cadenas de producción hacia Estados Unidos. Empresarios mexicanos calificaron la propuesta como un “nearshoring inverso”, al considerar que la presión arancelaria incentiva la salida de capital en lugar de fomentar inversión en México.
Gerardo Tajonar, vicepresidente de comercio de la Ciudad de México, señaló que el esquema representa un mecanismo de coerción que obliga a las empresas a financiar la reindustrialización estadounidense para mantener acceso competitivo. En Canadá, Jean Simard, director de la Asociación del Aluminio, cuestionó la viabilidad financiera del modelo, al advertir que requerirá inversiones millonarias sin certeza sobre los precios futuros del metal.
Ante este panorama, la industria del acero y el sector automotriz enfrentan el dilema de absorber los aranceles que reducen sus márgenes de ganancia o destinar capital a Estados Unidos para preservar su competitividad regional.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que los aranceles forman parte del nuevo modelo impulsado por Washington y que no desaparecerán pese a las negociaciones en curso dentro del T-MEC.