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Estados Unidos paga a El Salvador $6 millones para encarcelar a 300 presuntos miembros del Tren de Aragua
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El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha acordado pagar a El Salvador 6 millones de dólares para que este país encarcele durante un año a aproximadamente 300 presuntos integrantes de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Esta colaboración marca una de las primeras ocasiones en que El Salvador acepta migrantes provenientes de Estados Unidos bajo tales condiciones.
El acuerdo se concretó tras conversaciones entre el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Los detenidos serán alojados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel con capacidad para 40,000 internos, construida recientemente en El Salvador.
La administración Trump designó al Tren de Aragua como organización terrorista en enero, utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la deportación de venezolanos sospechosos de pertenecer a esta pandilla. Esta ley, que otorga amplias facultades para deportar a inmigrantes indocumentados, no se había utilizado desde la Segunda Guerra Mundial.
El Tren de Aragua, originado en una prisión venezolana, ha expandido su influencia a varios países de América Latina. Es acusado de actividades como tráfico de personas, violencia de género, lavado de dinero y narcotráfico.
Este acuerdo se produce en el contexto de una ofensiva implacable del gobierno de Bukele contra la violencia de las pandillas en El Salvador. Desde 2022, más de 84,000 personas han sido arrestadas en el país, en ocasiones sin el debido proceso, como parte de esta estrategia de seguridad.
La decisión de Estados Unidos de transferir a estos individuos a El Salvador ha generado críticas de grupos de derechos humanos, quienes señalan informes de tortura y muertes bajo custodia en las prisiones salvadoreñas.
Además, un juez federal en Washington D.C. ha bloqueado temporalmente la deportación de cinco venezolanos, cuestionando la evidencia que los vincula al Tren de Aragua y la legalidad del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para este propósito.
Foto por AFP
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MM/CR
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