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Nación
Por: Claudia Bolaños
Como cada cuatro años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) renovará la presidencia, y al mismo tiempo el del Consejo de Judicatura Federal, ya que Arturo Zaldívar culminó su mandato el pasado 31 de diciembre.
Este dos de enero, al mediodía, se realizará la sesión solemne en la que el pleno conformado por 11 ministros, entre ellos el propio Zaldívar Lelo de la Rea, elegirán a quien los presidirá por los próximos cuatro años, es decir hasta el 31 de diciembre de 2026.
Este lunes, los ministros elegirán a entre cinco de ellos, tres hombres y dos mujeres, que aspiran a ese cargo: Yasmín Esquivel Mossa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández
Cada uno presentó su propuesto, conforme a lo estipulado por el reglamento de la SCJN, en su artículo 29, el pasado 5 de diciembre, para lo cual se abrió el micrositio denominado “Candidatas y candidatos a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal”.
El decano presidirá la sesión y la votación será mediante célula, y quien obtenga por lo menos seis votos será el nuevo ministro presidente, en caso de no obtenerlos, se realizará una inmediata votación con los dos que hayan obtenido más sufragios.
Una vez conocido el ganador, tomará posesión de su cargo ese mismo 2 de enero.
El 2 de enero de 2019 Arturo Zaldívar triunfó con 7 de 11 votos, y aunque era deseo del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador que el entonces ministro presidente se quedará dos años más al frente de esta responsabilidad, lo cual fue considerado violatorio a la Constitución, lo rechazó.
Entre los temas importantes que heredará el nuevo presidente o presidenta de la Suprema Corte esta lo relacionado a la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la aplicación de la prisión preventiva de manera oficiosa.
En una primera discusión respecto al proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales se señalaron errores en aspectos técnicos, y el asunto quedó pendiente por resolver.
Otros temas más son respecto a la militarización y conformación de la Guardia Nacional que están en pendiente desde 2016.
Ello obedece a recursos interpuestos por reformas a diversas normatividades y al decreto que permite el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad.
De igual manera siguen en espera las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el INE y la Comisión Nacional por señalamientos de uno a otro organismo, al acusarse de extralimitación en sus funciones.