Un exalto funcionario de la DEA y su colaborador fueron acusados este viernes en Nueva York de conspirar para lavar millones de dólares y abastecer con drogas, armas y explosivos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo designado por Estados Unidos como organización terrorista.
El exagente, identificado como Paul Campo, de 61 años, junto con su supuesto cómplice Robert Sensi, de 75, enfrenta cuatro cargos federales: narcoterrorismo, terrorismo, distribución de narcóticos y lavado de dinero.
El documento judicial indica que los acusados, durante negociaciones con una fuente encubierta que fingía ser miembro del CJNG, acordaron lavar aproximadamente 12 millones de dólares provenientes del narcotráfico. Parte de esos fondos —unos 750 mil dólares— habrían sido convertidos en criptomonedas.
Además, se les imputa haber facilitado el pago por 220 kilogramos de cocaína, con supuesto valor de cinco millones de dólares, destinando la venta en el mercado estadounidense. También ofrecieron asesoría para la compra de armas de fuego, explosivos y drones, con fines de entregarlos al cártel.
Campo se retiró de la DEA en 2016 tras 25 años de servicio, durante los cuales llegó a ocupar el cargo de subdirector de Operaciones Financieras de la agencia.
Las autoridades estadounidenses calificaron el caso como una grave traición a la misión de la DEA, pues implica que un funcionario que antaño combatía al narcotráfico ahora habría conspirado con una organización criminal.
Tanto Campo como Sensi comparecieron ante un juez federal en Manhattan, donde sus defensores se declararon inocentes. Ambos fueron detenidos sin opción a fianza y su audiencia fue programada para continuar en las próximas semanas.
La imputación de un exagente de la DEA por cargos de lavado de dinero, narcotráfico y suministro de armas a un cártel mexicano representa un escándalo internacional que cuestiona la infiltración de autoridades en redes del crimen organizado.