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Excolaboradores de Silvano Aureoles reciben prisión preventiva
Nación
Una jueza de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva a cuatro exfuncionarios del gobierno de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, tras su detención el 1 de marzo. Fueron acusados de participar en el presunto desvío de recursos públicos por miles de millones de pesos.
Los implicados son Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la misma dependencia, y Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad.
Luego de una audiencia que se prolongó por 18 horas, la jueza Patricia Sánchez Nava determinó el traslado de Elizabeth Villegas Pineda al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. En el caso de Carlos Maldonado Mendoza, su defensa alegó problemas de salud, por lo que también será recluido en Santa Martha, en el área varonil.
Mientras tanto, Mario Delgado Murillo y Antonio Bernal Bustamante fueron ingresados al Reclusorio Oriente, donde permanecerán hasta que se determine su situación legal.
Los abogados de los acusados solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que la siguiente audiencia se fijó para el jueves 6 de marzo. En esta sesión se decidirá si los imputados serán vinculados a proceso.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), presentó la imputación, señalando que los acusados, en conjunto con el exgobernador Silvano Aureoles, participaron en un esquema de desvío de fondos. Se les atribuye la adjudicación de contratos irregulares a la empresa inmobiliaria "DIP" para la renta de siete cuarteles de la Policía Preventiva de Michoacán, con un monto superior a los 3 mil 412 millones de pesos.
Según la FGR, esta empresa también obtuvo contratos mediante adjudicaciones directas y servicios de limpieza, lo que agravó las sospechas de corrupción.
Las investigaciones revelaron que, en abril de 2020, el exgobernador autorizó la compra de los inmuebles a "DIP" con precios inflados. El sobrecosto afectó tanto al Gobierno Federal como al de Michoacán, ya que los fondos provenían de los recursos federales asignados al estado.
Un reporte del diario Reforma detalló los montos involucrados en estas transacciones. Por ejemplo, la propiedad ubicada en Apatzingán tuvo un costo en escrituras de 210 millones 562 mil pesos, pero el total pagado ascendió a 244 millones 552 mil pesos, con un sobreprecio de 76 millones 948 mil pesos.
Imagen: Cuartoscuro
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FT/CR
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