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Exigen justicia por asesinato de Marco Antonio Suástegui a tres meses de su muerte en Guerrero
Nación
A tres meses del asesinato del activista y defensor del territorio Marco Antonio Suástegui Muñoz, familiares, organizaciones sociales y representantes de comunidades exigieron avances concretos en la investigación del caso, así como la atracción del expediente por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), ante la falta de resultados por parte de la fiscalía estatal.
Suástegui, quien era vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), fue atacado a balazos el pasado 18 de abril en Playa Icacos, en Acapulco, y falleció el 25 de abril a causa de las heridas, tras permanecer varios días hospitalizado.
Durante un acto conmemorativo en la zona de El Fraile, en la región del río Papagayo, habitantes de al menos veinte comunidades rindieron homenaje al activista y reiteraron su exigencia para que el gobierno federal cancele de forma definitiva el proyecto hidroeléctrico La Parota, como reconocimiento a la lucha encabezada por Suástegui.
El abogado Rogelio Téliz, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunció que la Fiscalía General del Estado de Guerrero no ha presentado avances sustanciales, no hay detenidos ni se ha desmantelado la estructura criminal que opera en la zona donde ocurrió el ataque.
Desde junio, tanto la familia de Suástegui como integrantes del CECOP y Tlachinollan solicitaron formalmente a la FGR que atraiga el caso, argumentando una evidente dilación en la investigación estatal. Denunciaron que testigos clave, como trabajadores de la zona turística, no han sido llamados a declarar y que no se ha reconstruido el hecho delictivo.
En mayo, se realizaron movilizaciones en Chilpancingo, en las que participaron normalistas, campesinos y organizaciones sociales como la CETEG. Durante las protestas se denunció la violencia sistemática contra líderes sociales y se exigió justicia para Marco Antonio Suástegui. Las consignas apuntaron también a la responsabilidad del Estado en la falta de garantías para los defensores del territorio.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como organismos de la sociedad civil, han expresado preocupación por el caso y han solicitado medidas de protección para la familia del activista, las cuales aún no han sido otorgadas por las autoridades estatales.
A tres meses del crimen, la impunidad persiste. Las comunidades y organizaciones continúan exigiendo una investigación federal, imparcial y exhaustiva, que no solo castigue a los responsables materiales, sino que también identifique a los autores intelectuales de uno de los asesinatos más graves contra líderes socioambientales en Guerrero.
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MM/CR
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