La actuación de las fuerzas de seguridad durante la manifestación por el acceso a agua limpia realizada el pasado 11 de octubre frente a Casa Jalisco escaló a una crisis política y social, luego de que diputados de oposición, colectivos ciudadanos y académicos exigieran la salida inmediata del secretario de Seguridad del estado, Juan Pablo Hernández González, a quien responsabilizan por los presuntos abusos cometidos durante el operativo.
Las bancadas de Morena, Hagamos, Futuro y Partido del Trabajo solicitaron la destitución del funcionario al considerar que la respuesta de los cuerpos de seguridad estuvo marcada por actos de violencia, represión y posibles violaciones a los derechos humanos contra quienes participaron en la movilización ciudadana.
Los legisladores también demandaron la apertura de investigaciones sobre los hechos ocurridos durante la protesta, la separación del cargo de los funcionarios involucrados, la reparación integral del daño a las víctimas y la revisión de los procesos judiciales iniciados contra las personas detenidas durante la jornada.
Las exigencias coincidieron con una conferencia de prensa encabezada por el propio secretario de Seguridad, quien informó que ya fueron identificados 17 elementos policiales presuntamente relacionados con conductas fuera de los protocolos institucionales. Según explicó, las investigaciones internas se apoyan en más de 200 videos obtenidos desde distintos ángulos que documentan lo ocurrido durante la manifestación.
De acuerdo con Hernández González, el análisis de las imágenes y las comparecencias de los agentes permitieron detectar posibles casos de uso excesivo de la fuerza y actuaciones desproporcionadas durante el operativo. No obstante, evitó pronunciarse sobre la existencia de instrucciones emitidas por mandos superiores para reprimir la protesta.
Mientras tanto, organizaciones ciudadanas reiteraron que las investigaciones no deben limitarse a los policías que participaron directamente en los hechos, sino que también deben alcanzar a quienes presuntamente diseñaron o autorizaron las acciones desplegadas contra los manifestantes.
Los colectivos anunciaron además una nueva movilización programada para el próximo domingo, la cual partirá del Parque Revolución, conocido popularmente como Parque Rojo, con destino al Palacio de Gobierno. Entre sus demandas destacan el acceso a agua de calidad y el rechazo a cualquier intento de privatización del servicio.
En paralelo, se confirmó la participación de elementos de cuerpos de emergencia en las acciones realizadas durante la protesta. Versiones difundidas en los últimos días señalan que personal de bomberos y de Protección Civil habría utilizado chorros de agua a presión contra los asistentes, situación que ha generado cuestionamientos y peticiones para esclarecer quién autorizó dicha intervención.
El tema también provocó reacciones en el ámbito académico. Un grupo integrado por 282 docentes e investigadores de instituciones como la Universidad de Guadalajara, ITESO, CIESAS, UNAM e Iberoamericana difundió un pronunciamiento en el que condenó la respuesta de las autoridades durante la movilización.
Los firmantes sostuvieron que en una sociedad democrática las demandas relacionadas con derechos fundamentales, como el acceso al agua potable, deben atenderse mediante mecanismos de diálogo y no mediante acciones que puedan vulnerar garantías individuales. Asimismo, advirtieron que la problemática del agua forma parte de desafíos estructurales más amplios que enfrenta Jalisco, entre ellos temas ambientales, urbanos y sociales.