La economía mexicana muestra signos de vulnerabilidad, con indicadores clave en retroceso y sin perspectivas de una recuperación significativa en el corto plazo, de acuerdo con el análisis más reciente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
El organismo privado advierte que la caída de la inversión afecta directamente la generación de empleos formales, deteriora el bienestar de los hogares y profundiza la precarización laboral, pues la informalidad refleja las dificultades de las empresas para crear plazas seguras.
En su informe, el CEESP subraya que “a pesar de que en lo que va del año las finanzas públicas van en línea con el objetivo de reducir el déficit, aún es un tema de preocupación”.
Las percepciones empresariales tampoco son optimistas: la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado muestra que el 98% considera que la economía está peor que hace un año. Además, 83% prevé que el clima de negocios seguirá igual o se deteriorará en los próximos seis meses, y 70% afirma que no es un buen momento para invertir.
Los especialistas también identifican como principales obstáculos para hacer negocios la inseguridad, la falta de estado de derecho y la corrupción, problemas que desalientan la inversión privada y elevan la incertidumbre económica.
A este panorama se suman factores externos, como las políticas comerciales de Estados Unidos y la reforma judicial en México, que incrementan los riesgos y limitan las expectativas de crecimiento para este año.
La contracción en la inversión es uno de los puntos más críticos. Datos oficiales muestran que la inversión pública cayó 25.8% anual en mayo, con trece meses consecutivos de retrocesos, lo que inhibe la participación del sector privado en proyectos productivos.
Por su parte, la inversión privada registró una baja de 4.9% en el mismo mes y acumula una tendencia negativa desde finales de 2023. En conjunto, la inversión total se redujo 7.1% anual, encadenando nueve meses de caídas, lo que frena la creación de empleo formal y limita la mejora en los ingresos de los hogares.
El mercado laboral refleja estas tensiones: aunque el aumento al salario mínimo benefició a millones de trabajadores, la proporción de personas con ingresos superiores a este nivel se redujo de manera significativa. Entre enero y julio, 3 millones de personas más se incorporaron al rango de hasta un salario mínimo, mientras que 2.2 millones dejaron de percibir ingresos mayores.
Además, los datos del INEGI indican que en el segundo trimestre de 2025 la pobreza laboral subió de 35.0% a 35.1%, mientras la informalidad se expandió de 54.5% a 56.1% en comparación anual. Esto significó una pérdida de 757 mil empleos formales frente a un incremento de 1.2 millones en la ocupación informal.
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