En el Estado de México, los ciudadanos podrían enfrentar arrestos, sanciones económicas o trabajos comunitarios si incumplen con las disposiciones recientemente aprobadas en la nueva Ley de Justicia Cívica, un marco jurídico que busca establecer reglas mínimas de comportamiento cívico para garantizar el respeto mutuo, mejorar la convivencia social y mantener el orden público.
Esta legislación, recientemente avalada en el Congreso estatal, tiene como objetivo principal fomentar el acceso a la justicia mediante procedimientos que promuevan la cultura cívica y la legalidad. La idea es proporcionar soluciones rápidas, transparentes y eficientes a los conflictos cotidianos, evitando que estos escalen hacia conductas delictivas o actos de violencia.
La Ley de Justicia Cívica también busca facilitar la convivencia comunitaria y regular el funcionamiento en los municipios del Estado de México. Para lograrlo, establece la corresponsabilidad entre los habitantes y las autoridades para conservar el medio ambiente, el entorno urbano, las vías, los espacios públicos, los servicios, la salud y la seguridad pública como valores fundamentales.
Esta normativa considera responsabilidades para diferentes grupos, incluyendo a personas adolescentes, mayores de 18 años y personas jurídicas colectivas que incurran en conductas consideradas infracciones administrativas. La jurisdicción de la ley también abarca inmuebles públicos o privados de acceso público, tales como mercados, templos, cementerios, centros de recreo, deportivos, de espectáculos, entre otros.
La implementación de la Ley de Justicia Cívica implica la creación y operación de juzgados cívicos, cuyo personal debe recibir capacitación continua y certificación. Además, garantiza el derecho de los afectados a acceder a una justicia cívica pronta e imparcial, ser tratados con respeto e igualdad, quejas atendidas y escuchadas, y ser informados inmediatamente si la queja presentada no constituye una falta administrativa, entre otros derechos.