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Avanza reforma de nacionalidad única; oposición cuestiona iniciativa y PAN deja comisión
Nación
Claudis Bolaños
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional en materia de nacionalidad única, con la que se busca establecer como requisito para ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no contar con otra nacionalidad o renunciar a ella antes del registro de una candidatura.
El dictamen, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalado con 26 votos a favor de Morena, PT y PVEM; cinco en contra del PRI y Movimiento Ciudadano, y ninguna abstención. La propuesta modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La discusión estuvo marcada por el rechazo de los partidos de oposición, quienes reclamaron que no se abrió un proceso de parlamento abierto y cuestionaron que las reservas al proyecto se presentaran hasta el debate en el pleno, previsto para el próximo 21 de septiembre.
El diputado panista Federico Döring solicitó ampliar la discusión con especialistas y sectores involucrados, al advertir que la reforma podría afectar derechos de mexicanos con doble nacionalidad. Señaló que alrededor de cuatro millones de mexicanos residentes en el extranjero cuentan con otra nacionalidad, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo).
Durante el debate, Movimiento Ciudadano, PRI y PAN coincidieron en que tener una segunda nacionalidad no representa una falta de compromiso con México.
La diputada de MC, Iraís Virginia Reyes de la Torre, afirmó que la doble nacionalidad no implica una división de lealtades.
“Una segunda nacionalidad no significa una segunda lealtad. Tener dos pasaportes no significa que tengas la mitad del compromiso con México”, sostuvo.
El priista César Alejandro Domínguez Domínguez cuestionó que la reforma establezca restricciones a derechos políticos sin que, dijo, existan casos concretos en los que la doble nacionalidad haya representado un riesgo para el país.
Por su parte, la vicecoordinadora del PAN, Noemí Berenice Luna Ayala, señaló que la modificación afectaría a mexicanos que adquirieron otra nacionalidad por motivos familiares o migratorios y criticó la rapidez del proceso legislativo.
En contraste, Morena, PT y PVEM defendieron la iniciativa al considerar que quienes dirijan los poderes ejecutivos deben tener una relación jurídica y política exclusiva con México.
La diputada morenista Katia Castillo sostuvo que la reforma busca garantizar que quienes ocupen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno respondan únicamente al Estado mexicano.
“Gobernar no significa equilibrar dos lealtades jurídicas, significa representar y defender sin ninguna ambigüedad los intereses de nuestra nación”, afirmó.
Desde el PT, Lilia Aguilar argumentó que la Constitución ya contempla requisitos de nacionalidad única para determinados cargos y que la modificación busca fortalecer la certeza sobre quienes tienen la responsabilidad de conducir el Estado.
El diputado morenista Gilberto Herrera Solórzano cuestionó a la oposición al resumir la postura de su bancada: “Hay de dos sopas. ¿Es con México o estás contra México?”.
El momento de mayor tensión ocurrió cuando la panista Paulina Rubio Fernández reclamó que no se hubiera consultado a organizaciones de migrantes, instituciones de derechos humanos y otros sectores que podrían verse afectados.
Tras su intervención, anunció que los legisladores del PAN abandonarían la discusión: “Así que nos retiramos de la discusión. Muchísimas gracias”.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy, informó que el dictamen será enviado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo.
La propuesta establece que quienes aspiren a esos cargos deberán acreditar que la renuncia a otra nacionalidad fue efectiva, debido a que México no puede cancelar unilateralmente un vínculo jurídico reconocido por otro Estado.
Además, quienes lleguen a ocupar la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno no podrán adquirir otra nacionalidad, utilizar pasaportes o documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos ante otro país ni solicitar protección diplomática extranjera.
La comisión señaló que la reforma no considera la doble nacionalidad como una forma de deslealtad ni busca restringir los derechos de las personas binacionales, sino establecer requisitos específicos para quienes encabecen los poderes ejecutivos.
Los nuevos requisitos aplicarían a partir del proceso electoral de 2028. Quienes ya ocupen alguno de esos cargos al momento de entrar en vigor la reforma no serían afectados. El Congreso de la Unión y los congresos estatales tendrían 90 días naturales para adecuar sus legislaciones.
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OC/CR
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