El aumento de 1.50 pesos autorizado a la tarifa del transporte concesionado en la Ciudad de México ha resultado insuficiente para que los microbuses dejen de operar, advirtió el académico Luis David Berrones, especialista en logística y transporte urbano. Según el experto, la medida no incentiva la transformación de los concesionarios en sociedades mercantiles, como lo establece la Ley de Movilidad vigente desde hace más de una década, pues hacerlo implicaría su quiebra técnica.
Actualmente circulan más de 18 mil microbuses en la capital, distribuidos en 102 rutas, aunque la cifra podría ser mayor por las unidades que llegan desde el Estado de México. El especialista consultado por la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) señaló que el incremento tarifario apenas representa un alivio temporal para los concesionarios, pero no resuelve el problema estructural del sistema. Explicó que se repite un círculo vicioso: los ingresos no alcanzan para cubrir mantenimiento, combustible y gastos operativos, los transportistas presionan por un aumento, se autoriza un ajuste mínimo y la situación vuelve a estallar años después.
Berrones subrayó que el transporte concesionado requiere un subsidio gubernamental que atienda las externalidades de cada sistema. Puso como ejemplo el modelo de pago por kilómetro aplicado en el Metrobús, que ha mostrado resultados positivos, mientras que otros corredores necesitan mayor vigilancia y acompañamiento institucional para reducir costos y mejorar su administración.
El especialista recordó que en países como El Salvador existen esquemas de compensación técnica directa, con apoyos de hasta 500 dólares mensuales para autobuses y 250 para microbuses. En el caso de la CDMX, consideró necesario calcular el costo social de cada ruta y sistema para justificar un subsidio operativo que evite la saturación y garantice intervalos adecuados de servicio.
Finalmente, advirtió que mantener tarifas bajas es indispensable para desalentar el uso del automóvil y la motocicleta, que generan mayores costos sociales para la metrópoli. Sin embargo, insistió en que los concesionarios deben recibir lo justo mediante un análisis técnico de la tarifa que refleje el valor real del servicio.