El feminicidio de Leyla Monserrat, adolescente de 15 años asesinada en Sonora por dos menores de edad, generó una ola de rechazo en redes sociales y entre colectivos feministas tras conocerse las sentencias dictadas en abril de 2026. La resolución judicial, considerada insuficiente frente a la brutalidad del crimen, reavivó el debate sobre la justicia aplicada a adolescentes involucrados en delitos graves.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que el 25 de septiembre de 2025 la joven fue engañada por sus conocidas, quienes la citaron en un domicilio para matarla. Las agresoras, de 13 y 15 años, la inmovilizaron, asfixiaron y grabaron el ataque, ocultando posteriormente el cuerpo en el patio de una vivienda. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia mecánica.
Tras investigaciones y cateos en Sonoyta, se recuperó el cuerpo y se reunieron pruebas contra las responsables, quienes fueron juzgadas bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Las sanciones consistieron en 2 años y 10 meses de internamiento para una de ellas y 11 meses de libertad asistida para la otra, además de una reparación del daño moral de 5 mil 657 pesos.
La madre de la víctima, Carmen Becerra, expresó su inconformidad con la resolución, señalando que mientras las responsables podrán retomar sus vidas, ella enfrenta un duelo irreparable y gastos superiores a los 30 mil pesos por el funeral.
El caso se convirtió en un símbolo para organizaciones feministas y de defensa de la infancia, que exigieron revisar la legislación vigente y endurecer las penas para menores responsables de delitos como feminicidio y secuestro. Entre los puntos que generaron mayor indignación destacan la corta duración de las sentencias, la desproporción en la reparación del daño, el antecedente de bullying y discriminación, y la falta de mecanismos efectivos para prevenir la violencia entre adolescentes.