Inhabilitan y multan a ex secretario de Robles

Luis Benítez

Francisco Javier Álvarez Báez, ex director general de programación y presupuestación de la Secretaría del desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el mandato de Rosario Robles, fue inhabilitado por hasta 10 años y multado por 158 millones 662 mil pesos por “incurrir en irregularidades administrativas”, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP).

A través de un comunicado, la SFP informó que, durante las indagatorias del Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedatu, se hallaron “diversas irregularidades, por las cuales determino imponer la sanción en 2018, tras acreditar que la persona omitió en 2015 cumplir con sus responsabilidades como encargado del puesto mencionado con anterioridad al no dar de baja su usuario en un sistema de adecuaciones presupuestales, originando el uso indebido del mismo”.

De acuerdo con la dependencia, la omisión de Álvarez Báez permitió un uso indebido de recursos equivalente a 158 millones de pesos para supuestamente otorgar subsidios adicionales y atender de manera inmediata a los beneficiarios del programa de Vivienda Rural que maneja el fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).

Dicha ampliación es calificada como totalmente ilegal además de que se omitió acreditar su uso y destino. La SFP señaló que dichas conductas constituyen faltas administrativas según lo establecido por la ley federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Asimismo, conforme a sus atribuciones, la SFP reiteró que ya vigila y fiscaliza el funcionamiento y desempeño de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal (APF) y el personal que la conforman.

La dependencia aseguró que, con este tipo de acciones de defensa de la legalidad, se busca inhibir las conductas que pudieran representar riesgos de corrupción, combatir la impunidad, resarcir el daño patrimonial ocasionado al erario y prevenir un mal ejercicio de la función pública.

Por lo tanto, la OIC ya notificó la resolución al Servicio de Administración Tributaria (SAT), para la ejecución del crédito fiscal.

“La SFP, en cumplimiento al debido proceso, es respetuosa de los mecanismos de defensa a que tienen derecho todas las personas”, finalizó la institución.