Jaime Cárdenas Gracia propone innovador mecanismo de elección de ministros de la Corte mediante voto popular

Cárdenas reconoce que su propuesta desafía las posturas conservadoras predominantes en su gremio, pero coincide plenamente con la idea de involucrar directamente a la ciudadanía en la elección de los jueces más altos del país. Sin embargo, resalta que la viabilidad de esta propuesta dependerá de las circunstancias políticas y de las mayorías que tenga el partido Morena en el Congreso después de las elecciones de 2024.

El ex legislador federal y constituyente de la Ciudad de México ha detallado su propuesta en dos fases. En primer lugar, se realizaría un exhaustivo examen a los candidatos interesados en ocupar un puesto como ministro de la Corte. Posteriormente, se llevaría a cabo una elección en la que la ciudadanía tendría la responsabilidad de elegir a aquellos aspirantes que cuenten con las mejores cualidades y aptitudes para desempeñar tan importante labor.

La iniciativa de Cárdenas se suma al amplio debate que ha generado el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de presentar una propuesta para que los ciudadanos elijan, mediante el voto, a los 11 ministros de la Corte. En apoyo a esta iniciativa, el partido Morena en la Cámara de Diputados ha respaldado la idea y ha propuesto la realización de una consulta popular para que la ciudadanía decida si está a favor de elegir a los integrantes de este órgano judicial supremo.

El destacado jurista también ha alertado sobre la existencia del fenómeno conocido como "guerra jurídica" o "lawfare" en América Latina, enfatizando la necesidad de fortalecer la independencia y la transparencia del sistema judicial para evitar influencias externas y presiones indebidas.

La propuesta de Jaime Cárdenas Gracia representa un llamado a repensar el proceso de elección de los ministros de la Corte, buscando una mayor participación ciudadana y garantizando una justicia imparcial y equitativa. A medida que avanza el debate en torno a esta innovadora propuesta, será fundamental evaluar su viabilidad y analizar los posibles impactos que podría tener en el sistema judicial mexicano.