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Juez federal ampara alumna de secundaria para asistir a clases con cabello teñido de azul

Juez federal ampara alumna de secundaria para asistir a clases con cabello teñido de azul

Nación domingo 14 de enero de 2024 -

Claudia Bolaños
Por encima de un reglamento escolar, está el libre desarrollo de la persona,
derecho protegido por la Constitución, ante lo cual el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas concedió la protección de
la justicia federal a una alumna de secundaria a la que las autoridades del plantel le impedían el
acceso por contravenir el reglamento interno.
Al presentarse a clases con el cabello teñido
de azul, impidiéndole continuar con sus estudios, ante lo cual se buscó la protección judicial para la adolescente.
Al resolver el juicio de amparo 31/2023, la jueza María Citlallic Vizcaya Zamudio determinó que
las autoridades educativas con su proceder vulneraron el derecho de la estudiante al libre
desarrollo de la personalidad, conclusión que sustentó en el “Test de Proporcionalidad”, así
como en los artículos 1º y 3º constitucionales.
La juzgadora negó el amparo a la estudiante por lo que hace a la acusación de ser
víctima de bullying por parte de la Directora y el Subdirector de la escuela, toda vez que no
aportó las pruebas suficientes en relación a ese agravio.
En los antecedentes de indica que el día de los hechos, la adolescente se presentó a tomar sus clases con el cabello teñido, la autoridad
escolar le hizo una observación, la cual argumentó en el punto 12 del “Instrumento Disciplinario
Ciclo Escolar 2022-2023”, que establece: “Los alumnos deberán traer un corte de cabello natural
y sin gel (no cortes estilizados). Los alumnos deberán traer peinado adecuado, no estrafalario,
sin tinte, sin mechas o rayos”.
Por considerar que dicha norma y el proceder de las autoridades educativas, vulneraban su
derecho humano a la educación y violentaban el principio de igualdad, la estudiante promovió
el juicio de amparo.
Luego de analizar los argumentos de ambas partes, la juzgadora sustentó su determinación en
dos sentencias de la Corte Constitucional de Colombia con casos similares, además de citar
diversas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En una de ellas, se
establece que el concepto de la dignidad humana “deriva el derecho de todo individuo a elegir
en forma libre y autónoma su proyecto de vida”.
En la sentencia se explica que cualquier restricción injustificada y ajena a la Carta Magna debe
considerarse inconstitucional, como lo es en el caso, la restricción del derecho a la personalidad
con motivo de la imposición de un patrón estético.
Además, la jueza Vizcaya Zamudio analizó lo dispuesto en el artículo 1º y 3º constitucionales. El
primero prohíbe la discriminación y el segundo protege el derecho a la educación. Con base en
ello, analizó el litigio, a partir del “Test de Proporcionalidad”, que considera: La constitucionalidad de los fines de la medida y si ésta es idónea.
También la necesidad de la medida legislativa reclamada y, el examen de proporcionalidad en sentido estricto de la medida en función del bien
jurídico tutelado por las mismas.
En ese sentido, precisó que la apariencia física de los alumnos no interfiere en los conocimientos,
aptitudes y competencias necesarias para los efectos de la educación, motivo por el cual, debe
prevalecer el respeto al libre desarrollo de la personalidad.
Advirtió que si bien los padres de los alumnos se comprometen por escrito a asumir los derechos
y deberes impuestos por la institución educativa, también lo es que el contenido de los
reglamentos se encuentra supeditado al respeto y observancia de los principios y derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución Federal y los Tratados Internacionales, por lo que
cualquier disposición injustificada en contrario, válidamente podrá ser inaplicada en observancia
al principio de supremacía constitucional.
Siendo necesario que las autoridades encargadas de velar por la protección de los derechos fundamentales deberán determinar si el ejercicio del derecho importa únicamente a quien lo ejerce o si es susceptible de afectar derechos de terceros, lo que justificaría un actuar restrictivo
de la autoridad, situación que en el caso que nos ocupa tampoco se actualiza.
Concluyó que “el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad reviste una de las
más grandes libertades reconocidas a la persona, esto es, la facultad de los individuos de realizar
cualquier actividad valiosa para alcanzar la autonomía a través de sus propios fines, metas y
objetivos. En el caso, materializado en la forma en la que los alumnos desean presentarse ante
la sociedad, cuestión que en forma alguna vulnera derechos de terceros ni los fines de la
educación, pues la longitud o forma de portar el cabello en todos los ámbitos, incluso el
educativo, constituye una decisión del fuero interno de cada individuo protegida por la
Constitución”.

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MH/CR

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