El Primer Juzgado de Distrito en materia penal de la Ciudad de México ordenó el levantamiento de las medidas cautelares impuestas a Brenda Quevedo Cruz, acusada desde 2005 por el presunto secuestro y asesinato de Hugo Wallace Miranda. La resolución fue emitida por el encargado de despacho Juan Alfredo Buendía, quien determinó el fin del arraigo domiciliario y la remoción del brazalete electrónico que la procesada portó durante más de un año.
La audiencia, solicitada por la abogada Karla Salas, se realizó de manera digital y se prolongó por casi 12 horas. La defensa argumentó que las condiciones del proceso cambiaron tras el fallecimiento de Isabel Miranda de Wallace, principal acusadora, y presentó 44 pruebas, de las cuales el juez admitió 39. Entre ellas se acreditó que Quevedo no representa riesgo de fuga, cuenta con arraigo familiar y ha sufrido afectaciones de salud debido a las restricciones.
Como medida alternativa, la defensa ofreció que la procesada firme mensualmente ante el juzgado y se mantenga en territorio nacional. “Lo central de nuestro argumento es que Brenda, ante la sociedad y ante la ley, sigue siendo una mujer inocente”, señaló Salas durante la diligencia.
Por parte de la acusación participaron representantes de la organización Alto al Secuestro y agentes del Ministerio Público de la Federación. El asesor jurídico alegó que una víctima indirecta se sentía en riesgo, aunque la defensa presentó documentos previos en los que esa misma persona y su representante afirmaban no requerir protección especial.
El caso Wallace, considerado uno de los procesos más controvertidos en México, se construyó principalmente con declaraciones obtenidas bajo tortura de los coacusados. Brenda Quevedo nunca firmó confesión alguna y, a dos décadas de distancia, continúa sin sentencia definitiva. La audiencia del 7 de agosto marca un nuevo capítulo en un expediente que sigue abierto y sin fecha de conclusión.