Claudia Bolaños
La presidenta de la Comisión Permanente, Kenia López Rabadán, presentó un decálogo de principios que, desde su perspectiva, deben guiar el debate sobre la reforma político-electoral que se discutirá en la Cámara de Diputados, con el objetivo de fortalecer la democracia, garantizar que el voto ciudadano cuente y asegurar una representación justa y proporcional.
La legisladora explicó que, antes de que se presenten formalmente las iniciativas en materia electoral, consideró necesario fijar una posición política clara y pública, basada en diez principios que buscan corregir distorsiones del sistema, reforzar la equidad en la contienda y colocar la voluntad ciudadana en el centro del proceso democrático. Señaló que este posicionamiento se realizará con institucionalidad, ética y apertura al debate, en un contexto que anticipa una discusión amplia y polarizada.
Entre los ejes del decálogo destacó la necesidad de que las reglas electorales sean iguales para todas las fuerzas políticas y que ninguna actúe como juez y parte, por lo que subrayó que cualquier reforma debe construirse con el mayor consenso posible. También planteó que todos los votos deben valer lo mismo, sin sobre-representación, y que las autoridades electorales deben ser imparciales, independientes y actuar como árbitros justos.
López Rabadán enfatizó la importancia de garantizar equidad en la contienda, evitando el uso de recursos públicos para favorecer candidaturas, así como cerrar el paso a la infiltración del crimen organizado en campañas, gobiernos y procesos electorales. Defendió la permanencia del servicio profesional electoral y del personal especializado, al considerar que su experiencia es clave para asegurar elecciones legales, transparentes y bien organizadas.
Otro de los puntos centrales del decálogo es la necesidad de contar con mayorías legítimas que fortalezcan la gobernabilidad democrática, para lo cual consideró indispensable la segunda vuelta electoral. Asimismo, planteó que las coaliciones deben regirse por reglas claras y plataformas comunes, y que los programas sociales, al ser derechos constitucionales, no deben utilizarse con fines electorales.
En materia de financiamiento, sostuvo que el financiamiento público debe prevalecer como mecanismo para proteger la democracia y evitar que recursos ilícitos influyan en las elecciones. Advirtió que los recortes presupuestales en el ámbito electoral podrían abrir la puerta a la participación de dinero del crimen organizado y afectar la credibilidad de los comicios.
La diputada señaló que este decálogo busca ser una referencia esencial para la discusión legislativa que se avecina y expresó su expectativa de que el Congreso actúe con altura de miras, honorabilidad y responsabilidad histórica, a fin de evitar retrocesos democráticos y garantizar que la reforma electoral responda al interés ciudadano.