La construcción de la nueva embajada de Estados Unidos en Jerusalén volvió a generar controversia internacional luego de que descendientes de familias palestinas aseguraran que el terreno donde se levantará la sede diplomática pertenecía originalmente a sus antepasados, quienes fueron desplazados tras la guerra de 1948.
El predio, conocido como “Complejo Allenby”, fue cedido por Israel al gobierno estadounidense mediante un arrendamiento simbólico de un dólar por un periodo de 99 años. Sin embargo, más de un centenar de descendientes de 19 familias palestinas sostienen que conservan derechos de propiedad sobre esas tierras y buscan frenar el proyecto.
Las obras ya comenzaron en el terreno ubicado en el barrio de Baqa, una de las zonas con mayor valor inmobiliario de Jerusalén. Según documentación histórica citada por los reclamantes, las familias eran propietarias o tenían derechos reconocidos sobre el lugar antes de ser expulsadas durante el conflicto que acompañó la creación del Estado de Israel.
La disputa se remonta a la década de 1950, cuando Israel promulgó la Ley de Propiedades Ausentes, una normativa que permitió al Estado asumir el control de bienes pertenecientes a palestinos desplazados durante la guerra. Los descendientes sostienen que nunca fueron consultados sobre la cesión del terreno y consideran que la entrega a Estados Unidos ignora reclamaciones históricas aún vigentes.
El acuerdo fue formalizado a principios de julio por el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, y el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee. Durante la ceremonia, el diplomático estadounidense realizó el pago simbólico estipulado en el convenio, destacando el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, una postura que continúa siendo objeto de debate en el ámbito internacional.
Representantes de las familias palestinas afirman que poseen documentación respaldada por organismos internacionales que acredita sus vínculos con la propiedad. Entre ellos se encuentra Mounir Kleibo, uno de los descendientes involucrados en la reclamación, quien ha impulsado esfuerzos legales y públicos para impedir que avance la construcción.
La organización jurídica Adalah, dedicada a la defensa de los derechos de la minoría árabe en Israel, ha respaldado algunas de estas reclamaciones y sostiene que el proyecto consolida una situación que consideran una injusticia histórica. En 2023, presentó una apelación ante autoridades israelíes para cuestionar la utilización del terreno, aunque el recurso fue rechazado.
El caso revive el debate sobre la propiedad de tierras en Jerusalén, una ciudad donde persisten disputas territoriales derivadas del conflicto árabe-israelí. También vuelve a poner sobre la mesa la controversia generada por la decisión de Estados Unidos de trasladar su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén, medida impulsada durante la administración de Donald Trump.
Mientras las obras continúan avanzando, los descendientes de las familias afectadas aseguran que seguirán buscando mecanismos legales y diplomáticos para defender sus reclamaciones, argumentando que no buscan confrontación política, sino el reconocimiento de los derechos que consideran legítimos sobre el terreno.